La Fiscalía ha solicitado que se rechace la recusación del magistrado Manuel Marchena para presidir el tribunal encargado de juzgar a los dirigentes independentistas por el presunto delito de rebelión, tal y como solicitaron algunos de los procesados. La petición se basaba en la supuesta vinculación de este juez con el PP al haber sido propuesto por este partido para presidir el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y, sobre todo, por los mensajes enviados por el diputado conservador Ignacio Cosidó en un chat de WhatsApp de senadores en el que se jactaba de que a partir de ese buen acuerdo podían influir en los magistrados del Tribunal Supremo (TS) que dictarán la sentencia contra los independentistas. Marchena declinó, al final, presidir el CGPJ, tras conocer esos mensajes. «No existe sombra de duda», sostiene el ministerio público. El escrito de la Fiscalía, firmado por Fidel Cadena y Consuelo Madrigal, sostiene que «no se trata de primar los deseos o preferencias del justiciable respecto a la composición personal del órgano de enjuiciamiento, ni tampoco de atender sus dudas basadas en meras apreciaciones o impresiones personales, sino que para que pueda afirmarse que un tribunal puede no ser imparcial es preciso que las dudas sobre la imparcialidad estén objetivamente justificadas».

La acusación pública sostiene que las sospechas en el caso de Marchena se han producido mucho después de que este magistrado fuera designado como uno de los siete miembros del tribunal que juzgará a los dirigentes independentistas. También, añade, están fuera «de toda acreditación real» que las evidencien como ciertas, y constituyen «puras y gratuitas especulaciones» de un tercero (Cosidó) que «realiza un juicio de inferencia sobre el eventual comportamiento personal de quienes sus propios actos han dejado patente no solo su propia y personal independencia intelectual, sino su defensa de la independencia judicial».

Al entender de la fiscalía, «No es posible racionalmente atribuir al magistrado Marchena, de forma especulativa -y sin un mínimo de seriedad- concretas ideas políticas o afinidades ideológicas que él mismo nunca ha expresado con dichos o hechos, y mucho menos en su quehacer judicial», insisten los fiscales. En su informe agregan que, además, el partido político con el que se vincula a este juez, el PP, no es parte en la causa «por lo que mal ha podido o puede pedir pena».