Tras más de cuatro horas de deliberación, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha obtenido este miércoles el apoyo de la junta de fiscales de sala,con dos votos en contra, para presentar la querella contra el 'president' de la Generalitat, Artur Mas, por el 9-N. Según han concluido los presentes en la reunión, hay motivos suficientes para actuar contra el jefe del Ejecutivo catalán, pero han dejado en manos de Torres-Dulce la decisión de las personas y los delitos que se incluirán en el escrito.
Según las fuentes consultadas, previsiblemente el fiscal general del Estado presentará la querella en los próximos días y será, además de contra Mas, contra la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, y la 'consellera' de Ensenyament, Irene Rigau, por los delitos de desobediencia, malversación de caudales públicos, prevaricación y usurpación de funciones públicas.
Durante la votación del acuerdo, dos fiscales han mostrado su oposición a la opinión mayoritaria: Bartolomé Vargas y Pedro Crespo. El primero ha argumentado que era mejor esperar a que llegaran las denuncias al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) y entonces actuar, mientras que el segundo ha considerado que no era delito de desobediencia el incumplimiento de la suspensión del 9-N por parte del Tribunal Constitucional.
EL OBJETO DE DELIBERACIÓN
Los fiscales de sala han centrado únicamente su deliberación en discutir quién tenía razón, si los fiscales catalanes con su negativa a actuar jurídicamente contra el 'president', o Torres-Dulce, y han acordado que los motivos del fiscal general del Estado son mejores y más razonables. No han tratado en ningún momento las personas que deben ser objeto de la querella ni los delitos que debe incluir.
Este encuentro se ha celebrado tras la negativa de los fiscales del TSJC de presentar esta demanda al considerar que los actos del 9-N no se cometieron delitos. Estos fiscales sostienen que no se puede imputar un delito de desobediencia a los responsables del 9-N porque el Constitucional no requirió a Mas la suspensión del proceso participativo, sino que se limitó a dictar una providencia en la que ejecutó la petición del Gobierno central que reclamó la paralización del 9-N.
En el debate, los 25 fiscales han tenido encima de la mesa los dictámenes que se han cruzado en los últimos días la fiscalía general y la del TSJC. En el escrito redactado en Madrid se imputaba a Mas, Ortega y Rigau los delitos de desobediencia, malversación, prevaricación y usurpación de funciones públicas.
Sin embargo, Torres-Dulce aceptó en un encuentro celebrado el pasado miércoles con el fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, que los delitos quedaran reducidos a desobediencia porque a lo largo de la instrucción de la querella se podrían incluir el resto, según fuentes fiscales.
Tras oír a sus compañeros, el fiscal general del Estado ha decidido presentar la querella para defender el "Estado de derecho" y para evitar que en Catalunya crezca la sensación de que existe "impunidad" si no se cumple la ley, según las fuentes consultadas.
