Los nueve miembros de la Fiscalía Superior de Cataluña acordaron este lunes por unanimidad que no habían argumentos jurídicos para presentar la querella contra el 'president' Artur Mas por desobediencia, en contra de la orden del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce.
En la reunión de los fiscales catalanes, se acabó de completar el texto con objeciones, pero todos estuvieron de acuerdo en la base jurídica. El dictamen contrario a la querella se basa, sobre todo, en jurisprudencia del Tribunal Supremo en esta materia.
A su juicio, Mas no incurrió en un delito de desobediencia porque el Tribunal Constitucional actuó por automatismo al admitir el recurso del Gobierno y suspender el impulso de la consulta. Por ley, si el TC admite a trámite un recurso sobre un acto, debe suspender la celebración del mismo, y esto es lo que hizo. Pero más allá de esto, no realizó ningún mandamiento expreso y claro de los procesos y actuaciones que quedaban suspendidos ni prohibió a nadie concreto la organización del 9-N. En resumen, no hubo mandamiento expreso ni se dirigió a una persona concreta la suspensión en sí.
No obstante, los fiscales consideran que Mas actuó con "argucias jurídicas" y "falta de lealtad" al sortear el mandamiento del Constitucional.
JUNTA DE SALA
La reunión de la Fiscalía Superior de Cataluña se inició el pasado viernes a instancias de algunos de sus miembros, que querían discutir si se debía presentar la querella, contra qué personas y por qué delitos. El viernes, el encuentro acabó sin acuerdo y se retomó este lunes.
Ahora, es la junta de fiscales de sala la que este miércoles dará su opinión a Torres-Dulce, que intentará recabar apoyos para presentar la denuncia contra Mas.
