La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto un nuevo frente contra el proceso independentista catalán, en relación con las investigaciones abiertas hasta ahora sin ningún éxito por sedición y rebeldía. Esta vez, la acusación pública ha requerido a distintas empresas los contratos que han podido firmar con la Generalitat cara a la celebración del referéndum anunciado por el Govern y, aunque no los menciona expresamente, son solamente estos delitos los que pueden amparar la competencia de la Audiencia.

En la sede del Consejo General del Poder Judicial, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha reconocido este lunes, antes de entrar en una reunión de coordinación de la Policía Judicial con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, entre otros, que "se trata de un asunto que está en curso", pero no ha querido entrar en detalles, al tratarse de "materia reservada", Simplemente ha recordado que la fiscalía está para que se cumpla la ley.

En el único caso en el que se actuaba contra una persona concreta, el concejal de Vic Joan Coma, este lunes se ha sabido que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno lo ha remitido a los juzgados de esa ciudad al no apreciar que exista la incitación o provocación a la rebelión que le atribuia la fiscalía y determinaba la competencia de ese tribunal. El magistrado traspasa, pues, las actuaciones por desobediencia o prevaricación.Hasta ahora, la Fiscalía de la Audiencia había concentrado sus esfuerzos contra los ayuntamientos catalanes que hicieron suya la declaración soberanista, pero los procedimientos fueron archivados por, entre otras razones, haberla suscrito antes de que fuera anulada definitivamente por el Tribunal Constitucional.

DILIGENCIAS SECRETAS

Dentro de las diligencias abiertas hace un año por el entonces fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, el ministerio público remitió el viernes un requerimiento a la Guardia Civil para que se lo entregue a las empresas tecnológicas, consultoras y de ciberseguridad que hayan suscrito contratos con la Generalitat cara a la celebración del referéndum.

En los requerimientos, adelantados por 'El País', constan los delitos de desobediencia y malversación en que pueden incurrir las empresas en caso de no remitir la documentación solicitada, pero no se mencionan los de sedición, que son los que atribuyen la competencia a la Audiencia, según confirmaron fuentes de la investigación a este diario.