Carles Puigdemont recibió ayer un importante apoyo en su guerra contra la Junta Electoral Central (JEC) para presentarse a las elecciones europeas. La Fiscalía de Madrid aseguró que la prohibición que pesa sobre el expresidente, Toni Comín y Clara Ponsatí «vulnera su derecho fundamental de sufragio pasivo». En consecuencia, pide que se estime su recurso y puedan encabezar la lista de Lliures per Europa -la marca que ha elegido en esta ocasión Junts per Catalunya- en los comicios del 26 de mayo.

La decisión acerca de nuevo la posibilidad de que Puigdemont y Oriol Junqueras se midan en las urnas por la hegemonía dentro del ámbito del independentismo, en lo que sería una de las batallas políticas más interesantes de las elecciones europeas. En primera instancia, la JEC había impedido esa contienda, porque estimó que la candidatura del expresident era «una burla» y lo excluyó junto a sus dos exconsejeros. En JxCat sostienen que un juez -ellos han presentado el recurso ante los juzgados 2, 9 y 21 de Madrid, y ante el Supremo- debe tomar hoy una decisión.

SUFRAGIO PASIVO

La principal objeción que les ponía la JEC es que incumplían la normativa electoral, porque era «notorio» que no residían en las localidades catalanas en las que están empadronados. En una resolución que levantó una gran polémica, porque incluía cuatro votos particulares disidentes -entre ellos el del presidente y el vicepresidente del organismo-, la JEC sostenía que la inscripción en el censo constituía un «requisito indispensable» para ejercer el derecho al sufragio activo, pero también al pasivo.

Ahora, la Fiscalía de Madrid se alinea con esos votos particulares para estimar que la resolución de la Junta Electoral se equivoca cuando equipara los dos sufragios. La Fiscalía recuerda que la ley «no contempla ningún condicionante ni restricción» al sufragio pasivo, excepto que haya una sentencia firme, y subraya que se trata de un derecho fundamental y que se debe «optar por la interpretación más favorable».

JxCat recibió la notificación de la JEC en el último día hábil para inscribir la candidatura a las europeas. Anunció que sustituía a Puigdemont, Comín y Ponsatí por el abogado Gonzalo Boye, el exalcalde Xavier Trias y la mediática Beatriz Talegón, pero que lo hacía de forma «provisional» hasta que se resolviera su recurso.

DETENCIÓN

En el texto de la fiscalía no se omite que Puigdemont y sus compañeros están huidos de la justicia española, pero se sostiene que «no hay ninguna norma que impida que puedan efectivamente» intentar votar «en la mesa electoral que les asigna el censo». Aunque se añade: «Sin perjuicio, como es natural, de que al intentar hacerlo y antes de conseguirlo sean detenidos como consecuencia de su situación judicial de rebeldía».

Y también da la razón a los dirigentes independentistas en cuanto a que la Junta Electoral no impidió a varios de los políticos que están siendo juzgados en el Tribunal Supremo por impulsar el referéndum del 1-O concurrir a las elecciones generales.

La posición de la fiscalía se conoció justo antes de que empezara una manifestación en Barcelona contra el veto a Puigdemont y a sus compañeros, impulsada por los principales partidos y asociaciones independentistas. Hubo reacciones en varias direcciones: desde la de Ernest Maragall, que acogió con «esperanza» la intervención del Ministerio Público, hasta la del presidente de la Generalitat que aprovechó para cargar contra la Junta Electoral Central: «Imagina si era aberrante la resolución de la JEC que la fiscalía da la razón a Puigdemont».