La Fiscalía del Tribunal Supremo se posiciona a favor de dividir la causa relativa a los aforados en el 'caso de los ERE' fraudulentos de Andalucía y plantea que el alto tribunal debe asumir la investigación sobre los cinco que tienen escaño en las Cortes Generales: los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y los exconsejeros José Antonio Viera, Gaspar Zarrias (ambos diputados en el Congreso) y Mar Moreno (senadora). Los otros cuatro aforados autonómicos deberían ser investigados por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

De esta forma resolvía este miércoles la Fiscalía la petición sobre determinación de competencias del Tribunal Supremo respecto a la exposición razonada que en agosto remitió la jueza instructora Mercedes Alaya al entender que la causa presenta indicios contra los nueve aforados. El ministerio público subraya que no se pronuncia sobre el fondo del procedimiento, es decir, no valora si realmente se detectan o no estos indicios en la causa, según consta en el comunicado que ha hecho público. Sin embargo, da por seguro que el Supremo admitirá la causa, ya que emplaza a que "una vez nombrado el instructor, deberá practicar diligencias que permitan valorar jurídicamente las conductas de los investigados", que según la jueza serían delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.

En este sentido, y como ya ha manifestado en varias ocasiones Anticorrupción, la Fiscalía reitera la conveniencia de dividir la causa principal en diversas piezas separadas, "ya que la conducta de los aforados pueden ser analizadas de forma separada" al entender que la causa es "escindible". Así, nada impide que, "en su caso, sea el TSJA quien asuma la investigación de los aforados autonómicos". Una fórmula que según el ministerio público sería la única manera de "terminar este procedimiento en un plazo razonable de tiempo".

TRES AÑOS Y MEDIO DE INSTRUCCIÓN

Anticorrupción entiende que la investigación de esta parte más política de la trama está casi finalizada, y ha reclamado numerosas veces a la jueza Alaya que elevara esta parte al Supremo para evitar dilaciones innecesarias, algo que no hizo hasta el pasado mes de agosto, tras casi tres años y medio de instrucción. Ahora, la Sala de lo Penal del Supremo deberá pronunciarse acerca de si admite a trámite el caso y nombrar un instructor, que será quien finalmente se pronuncie sobre la imputación o no de los aforados.

La tesis de Alaya es que la cúpula de la Junta adoptó la "decisión política" de implantar un sistema de concesión de ayudas sociolaborales entre 2001 y 2012 al margen del procedimiento legalmente establecido, aunque en ningún momento les acusa de haberse enriquecido con esta decisión. Según apuntó en la exposición razonada, este sistema permitió la creación de un fondo de 850 millones de euros a margen de cualquier control y de forma arbitraria, considerando "impensable" que los miembros del Ejecutivo no se dieran cuenta del "déficit presupuestario con importante menoscabo de fondos públicos y sin cobertura presupuestaria" que se provocaba.

Además, el sistema amparó la comisión de un fraude debido a la inclusión de falsos prejubilados; la concesión de ayudas sin justificar a empresas afines al PSOE y al exdirector general de Empleo y pieza clave de la trama Javier Guerrero, o el cobro de jugosas sobrecomisiones por parte de sindicatos y mediadoras que participaban en la tramitación de los expedientes de forma innecesaria. La jueza continúa investigando el resto de la trama, que suma ya 229 imputados, entre ellos cerca de 40 exaltos cargos del Gobierno regional.