La Fiscalía General del Estado ha cargado contra el "deficiente" sistema de la euroórdenes, que tiene "debilidades" que urge reformar a la vista de las decisiones de los tribunales belgas y alemanes, los cuales se excedieron de sus competencias al entrar a valorar las OEDE de Carles Puigdemont y otros huidos del 'procés'. Esa es la conclusión que recoge la Memoria de la Fiscalía relativa al año 2018 sobre la "Evaluación de la orden europea de detención y entrega", cuestionada por el Ministerio Público tras las euroórdenes denegadas por los jueces belgas y por la decisión del Tribunal alemán de Schleswig-Holstein de extraditar a España a Puigdemont por malversación y no por rebelión.
Entiende la Fiscalía que se han realizado "tareas de valoración" sobre el grado o intensidad de algunos elementos del tipo penal que, a su juicio, "exceden abiertamente" las funciones encomendadas por la normativa de la OEDE a los jueces de los estados miembros. Tal fue el caso del tribunal alemán que entró a "valorar la voluntad" de Puigdemont "sin fundamento en la práctica de prueba alguna", lo que llevó a "un verdadero enjuiciamiento del fondo".
Una actitud que pone de manifiesto las "debilidades" de un sistema que "se ha mostrado deficiente" y que, por tanto, "deberían ser resueltas en próximas reformas". Entre esos problemas, señala "los problemas de acceso urgente" de las autoridades judiciales españolas a servicios de traducción y "las enormes carencias detectadas en las traducciones". Pero sobre todo alerta de las "notables discordancias entre los países intervinientes" en la ejecución de las euroórdenes, cuando, por ejemplo, Bélgica aludió a un problema formal en la petición del Tribunal Supremo que Alemania no cuestionó luego con Puigdemont.
"SENSACIÓN AGRIDULCE"
Una situación que, a su juicio, "evidencia una quiebra en el principio de confianza mutua" que sostiene la cooperación judicial, lo que "debería llevar a un análisis en profundidad a fin de ser corregido para el futuro" para que "la OEDE pueda responder adecuadamente a los objetivos para los que fue creada".
Eso si, la Fiscalía apunta a los jueces y no a los fiscales europeos, ya que "la sintonía mostrada con las Fiscalías de otros países miembros de la UE" - todas ellas respaldaron la entrega sin condiciones- "no se ha visto reflejada en las decisiones adoptadas por determinados órganos judiciales", lo que les ha dejado "una sensación agridulce".
