Cuando el exsecretario general del PP valenciano Ricardo Costa señaló directamente a Francisco Camps como máximo responsable del sistema de financiación ilegal del partido instaurado en Valencia, Anticorrupción se remitió al final del juicio para determinar si se podía actuar contra el expresidente valenciano. Finalmente, la fiscalía ha decidido hacerlo, pero en otra de las piezas del caso Gürtel, la relativa a contratos menores de la Generalitat valenciana.

Anticorrupción ha pedido a la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional que devuelva al Juzgado Central de Instrucción número 5 la pieza relativa a adjudicaciones irregulares por parte de diversas consejerías y sociedades públicas valencianas, en la que se acusa de prevaricación a la directora de Promoción Institucional de la Generalitat Valenciana.

Según ha informado la propia fiscalía, dicho cargo dependía directamente de la Presidencia del Gobierno valenciano, al frente de la que estaba Camps, y el posible delito de prevaricación cometido, por una adjudicación realizada el 30 de diciembre del 2008, no habría prescrito, conforme al Código Penal vigente entonces. Como esa pieza aún no ha sido juzgada es posible reabrir la instrucción e investigar las eventuales indicaciones que la acusada podría haber recibido de sus superiores últimos para adjudicar la contratación en los términos en que lo hizo.

Es algo similar a lo que ocurrió con la pieza de la caja b, iniciada gracias a la «contabilidad extracontable» reflejada por el extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas.

Se reabrió a raíz de la declaración de Francisco Correa en el juicio de la primera época de la Gürtel, en la que admitió haber intermediado entre empresarios y Bárcenas para la adjudicación de contratos de los ministerios de Medio Ambiente y Fomento.

Precisamente, el pasado martes, el magistrado que la instruye, también José de la Mata, acordó una nueva prueba, entre la que destaca interrogar como imputado al empresario Vicente Cotino, sobrino del expresidente de las Cortes Valencianas, el próximo día 24, y también tomar declaración, en esta ocasión como testigo, a Ricardo Costa al día siguiente.

SENTENCIA CLAVE / La fiscalía basa la petición de reapertura del caso en las declaraciones que los responsables de la trama Gürtel, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, así como Costa realizaron en el juicio de la financiación ilegal del Partido Popular valenciano, que concluyó con la condena de todos ellos. También se remite a conversaciones telefónicas intervenidas entre agosto del 2008 y febrero del 2009 y correos electrónicos de la empresa valenciana de la Gürtel, Orange Market.

El Juzgado Central de lo Penal dio por probada la financiación ilegal del PP valenciano gracias a la confesión de todos ellos y de nueve empresarios. La sentencia de la Audiencia Nacional afirmaba que «quienes abonaron a Orange Market parte de los servicios» realizados al Partido Popular en Valencia «eran grupos empresariales que por tener contrato con las administraciones públicas no podían hacer donaciones al PP».