Madrid. -- La fiscalía de la Audiencia Nacional pedirá penas de entre 10 y 51 años de prisión para los 62 procesados en el macrosumario contra ETA, que engloba las operaciones contra KAS --y su sucesora EKIN--, Egin, Ardi Beltza, XAKI, así como la denominada "trama de desobediencia civil".Los procesados para los que se solicitan las penas más altas son el exdirigente de KAS Xabier Alegría y el exconsejero delegado de Orain, la empresa editora de Egin, Ramón Uranga, quienes están acusados de pertenencia o colaboración con banda armada, delitos contra la Seguridad Social y la Hacienda Pública, falseamiento de contabilidad de registros contables e insolvencia punible.Rei, entre los acusadosOtros acusados son los exconsejeros de Orain Manuel Aranburu, José Ramón Aranguren y Francisco Murga, así como el antiguo miembro de la mesa nacional de HB y expresidente del consejo de administración de Egin José Luis Elkoro, para quienes el ministerio público solicita 48 años de prisión.Con peticiones menores figuran, entre otros, los exparlamentarios José Antonio Etxeberria y Jaime Iribarren, y los antiguos miembros de la mesa nacional de HB Jokin Gorostidi, José María Olarra y José María Ignacio O'Shea. Asimismo, el fiscal acusa al exdirector de Egin Javier María Salutregi, a la exsubdirectora María Teresa Toda y al exredactor jefe de este diario y posteriormente director de la revista Ardi Beltza, Pepe Rei.El juicio, en primaveraRespecto a Rei y a Ramón Uranga, fuentes del ministerio público han informado de que se solicitará un informe médico para determinar si su estado de salud les permitirá o no sentarse en el banquillo de los acusados. El juicio comenzará previsiblemente la próxima primavera y prestarán declaración cerca de 80 testigos y unos 20 peritos.El macrosumario de ETA se inició el 17 de febrero de 1997 y durante su instrucción el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón clausuró el diario Egin, declaró ilegales a KAS, a su sucesora EKIN y a supuestos aparatos políticos de ETA, e investigó tanto la actuación de Rei en Ardi Beltza como el aparato internacional de la banda terrorista, XAKI.Controlar un medio de comunicaciónEn el escrito de conclusiones provisionales, el fiscal enmarca a las empresas supuestamente relacionadas con ETA en el llamado Proyecto Udaletxe, y las define como "instrumentos idóneos de financiación que constituían elementos para penetrar en los consejos de administración de otras empresas mercantiles".La fiscalía afirma que ETA se vio en la necesidad de "formar una opinión pública favorable", precisando para ello de un medio de comunicación propio, "llegando a apoderarse de Egin y de su grupo editorial [Orain], que llegó a ser una estructura más de la organización terrorista".Además, según el ministerio público, KAS tenía un fin político --promover la desestabilización social e institucional--, un fin económico --lograr financiación para sostener y dar cobertura a los miembros "liberados" de la organización-- y otro militar --controlar el llamado terrorismo de baja intensidad o violencia callejera--.La finalidad de XAKIAsimismo, el fiscal afirma que ETA utilizó XAKI para, entre otros fines, mantener el control sobre el colectivo de deportados y refugiados, crear infraestructuras de alojamiento para los huidos, contrarrestar las peticiones de extradición cursadas por España, deslegitimar el ordenamiento jurídico español y "difundir los supuestos medios represivos utilizados por España contra el pueblo vasco".El escrito del fiscal asegura que "tras la disolución de KAS, las labores que le habían sido asignadas por ETA fueron asumidas por EKIN", entre las cuales figuraba el control sobre el colectivo de presos etarra a través de las Gestoras pro Amnistía.