La Fiscalía ya ha presentado su escrito de calificación contra los líderes del 'procés' y solicita la pena máxima, 25 años de cárcel, para el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, al considerarle el máximo responsable de la rebelión que, a su juicio, se produjo en Catalunya para declarar unilateralmente su independencia, junto con el huido Carles Puigdemont. La Abogacía del Estado, en cambio, considera que los hechos fueron sedición, al no apreciar violencia.

En el caso de Junqueras, el ministerio público ha optado por la franja más alta prevista para los promotores o jefes de una rebelión y la más baja de en la que se distrae dinero público. Las penas solicitadas para el expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez, el presidente de Òmnium Cultura Jordi Cuixart y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, pese a no estar acusados de malversación, es la segunda en importancia: 17 años de cárcel y otros tantos de inhabilitación.

Para los que eran miembros del Govern de Puigdemont acusados de rebelión y malversación la pena es de 16 años de cárcel y otros tantos de inhabilitación. Se les considera mandos subalternos, pero también se tiene en cuenta la distracción de fondos públicos. Son Jordi Turull, Raúl Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull y Dolors Bassa. El resto de 'exconsellers' son acusados malversación y desobediencia por autoridad. La pena que se solicita para Carles Mundó, Meritxell Borrás y Santi Vila es seis años de cárcel y 16 de inhabilitación por el primer delito, así como multa de 10 meses con cuota diaria de 100 euros por el segundo que también incluye inhabilitación de un año y ocho meses para cargos públicos para cada uno de ellos.

Esta pena de multa e inhabilitación es la que se solicita para la exdiputada de la CUP Mireia Boya y los cinco exmiembros de la Mesa del Parlament que se sentarán en el banquillo: Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet, salvo para Joan Josep Nuet, para el que se pide multa de ocho meses e inhabilitación de un año y ocho meses.

Acción combinada de tres pilares

La fiscalía considera que los acusados desarrollaron una estrategia planificada para conseguir la independencia de Catalunya, "mediante la acción combinada y sincronizada de tres pilares básicos: el parlamentario, el ejecutivo y el social". El !plan secesionista contemplaba la utilización de todos los medios que fueran precisos para alcanzar su objetivo, incluida -ante la certeza de que el Estado no iba a aceptar esa situación- la violencia necesaria para asegurar el resultado criminal pretendido, valiéndose para ello de la fuerza intimidatoria que representaban, por una parte, la actuación tumultuaria desplegada por las grandes movilizaciones ciudadanas institugasa y promovidas por ellos y por otra el uso de los Mossos como cuerpo policial armado", afirma la fiscalía.

Para el ministerio público, los 17.000 agentes de los Mossos acataría exclusivamente sus instrucciones como así sucedió y, "llegado el caso, podría proteger coactivamente sus objetivos criminales, sustrayéndole así al cumplimiento de su genuina función de guardar y preservar el orden constitucional".