La Fiscalía Superior de Catalunya considera que la retirada de las urnas instaladas en centros educativos de Catalunya, tal y como han reclamado Plataforma per Catalunya (PxC), UPD y otras formaciones, como Falange Española, es "desproporcionada", por lo que interesa a los juzgados que han recibido las denuncias de estas formaciones que rechacen la adopción de esta medida, según fuentes judiciales. Esta posición es la que mantendrá los fiscales de guardia en toda Catalunya.
UPD ha denunciado nuevamente al 'president' Artur Mas a cuenta del 9-N. El partido de Rosa Díez ha presentado este domingo, a las 9.00 horas, justo cuando empezaban las votaciones, en un juzgado de Barcelona una demanda contra el jefe del Govern por desobediencia y prevaricación, que hace extensiva a la 'consellera' de Ensenyament, Irene Rigau, y al 'conseller' de Interior, Ramon Espadaler. UPD pide, además, a la fiscalía, que paralice el proceso y detenga a sus "autores y cooperadores necesarios".
En la denuncia, el partido insta al ministerio público a frenar el proceso participativo, suspendido por el Tribunal Constitucional (TC) a instancias del Gobierno, y a ordenar a las Fuerzas de Seguridad del Estado a proceder al "desalojo y cierre" de los centros de votación habilitados "con el uso proporcional de la fuerza si fuera menester en caso de resistencia. El fiscal ya ha entregado el informe y se está a la espera de que el magistado resuelva. Lo mismo pasa con la denuncia interpuesta por Plataforma per Catalunya.
