La Fiscalía de Barcelona ha vuelto a pedir a la jueza de Barcelona que investiga los preparativos del referéndum unilateral del 1-O que tome declaración por organización criminal a la treintena de procesados, en aras a garantizar su derecho de defensa, si finalmente el Ministerio Público decide acusarles de ese delito en un eventual juicio.

Los fiscales que llevan el caso presentaron el pasado 8 de julio al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona un nuevo escrito, después de que la magistrada rechazara su petición de incluir en el auto de procesamiento el delito de organización criminal para los exaltos cargos y técnicos del Govern imputados.

La juez argumentó que los procesados carecían de "infraestructura adecuada" y de "acuerdo asociativo duradero" para que se les pueda procesar por organización criminal, pero recordaba a la fiscalía y a la acusación popular ejercida por Vox que no están vinculados por su decisión, por lo que podrán atribuir ese delito a los imputados en sus respectivos escritos de acusación, previos al juicio.

CONTRADICCIÓN

De ahí que ahora, que la fiscalía advierta ahora a la jueza de que no podrá formular acusación por ese delito "porque no se les ha preguntado a los procesados por su posible participación" en el mismo, con lo que la jueza, a su entender, incurre en una "contradicción" al rechazar que declaren de nuevo como imputados por organización criminal.

En su escrito, la fiscalía recuerda a la juez que su petición "no versa" sobre una divergencia en la tipificación de los hechos, sino "sobre el derecho de defensa de los procesados". En este sentido, indice que los imputados "no han podido articular su defensa ni solicitar diligencias tendentes a desvirtuar" la imputación de organización criminal y que las acusaciones tienen "cercenada la posibilidad de formular acusación por tal delito, so pena de conculcar el principio acusatorio".

En un auto dictado a finales del pasado mes de junio, la juez ya rechazó una primera petición de la Fiscalía para que interrogara de nuevo -en este caso por un delito de organización criminal- a la treintena de imputados, que están procesados por malversación, prevaricación, desobediencia y falsedad documental.

Entre las personas a la que la fiscalía atribuía el delito de organización criminal se encontraban el director de TV-3, Vicent Sanchis; el de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo; la presidenta de la Corporació Catala de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Núria Llorach; así como el secretario de Comunicació del Ejecutivo catalán, Antoni Molons; los secretarios generales de Presidència y de Treball, Joaquim Nin y Josep Ginesta, respectivamente, y el de Relacions Internacionals, Aleix Villatoro. También incluye a la interventora de la Generalitat, Rosa Vidal; al director general de Comunicació, Jaume Clotet, y al director general de Patrimoni, Francesc Sutrias.