El Govern de Carles Puigdemont ideó a finales de julio, dos meses antes del referéndum del 1 de octubre, una fórmula para poder fortalecer su defensa ante los más que probables procesos judiciales que tendría que afrontar por la organización de la consulta unilateral. El 25 de julio, el Departament de Presidencia aprobó un acuerdo según el cual los miembros del Ejecutivo pueden encargar a abogados externos su "representación y defensa jurídica", según ha publicado este miércoles 'El Confidencial' y ha podido confirmar EL PERIÓDICO.

La ley 7/1996 establece que el cuerpo de abogados de la Generalitat puede asumir la defensa de los miembros del Govern, altos cargos y trabajadores públicos "por actos u omisiones cometidos en el ejercicio del cargo, que no puedan ser constitutivos de algunos de los delitos contra la Administración Pública tipificados en el título XIX del libro II del Código Penal, y de los que pueda resultar alguna responsabilidad para la institución o el funcionario, salvo que los intereses de este y los de la Generalitat sean opuestos o contradictorios".

Por contra, el acuerdo divulgado por el citado medio digital, autoriza a encargar estos trabajos a "abogados externos en los supuestos de procedimientos ante cualquier orden jurisdiccional". Con esta decisión, Puigdemont y el resto del Ejecutivo se garantizaron poder contar con el mismo abogado durante todo el proceso a cargo del erario público siempre y cuando no les imputaran delitos contrarios a la administración (prevaricación, desobediencia o malversación). Cabe recordar que aunque la querella de la fiscalía es por rebelión y sedición, el ministerio público mencionaba que la prevaricación y la desobediencia estaban incluidos en los delitos más graves; es decir, que sin haber cometido prevaricación no se podría haber incurrido en sedición, por ejemplo.

RELEVO EN PRESIDENCIA

La fórmula se aprobó pocos días después de que Jordi Turull relevara a Neus Munté en la Conselleria de Presidencia el 14 de julio como parte del rediseño del Govern que llevó a cabo Puigdemont para preparar el 1-O.

La aplicación del artículo 155, sin embargo, ha tirado por tierra esta estrategia, pues las medidas aprobadas por el Senado supusieron el cese del Govern en pleno y que el Ejecutivo de Mariano Rajoy tomara las riendas de la Administración catalana. De hecho, fuentes de la Generalitat han confirmado a este diario que no han emitido ninguna factura ni al abogado de Puigdemont ni a ningún otro representante legal de los exdirigentes imputados por rebelión en la causa que instruye el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.