Cuando en enero de 2012, Francisco Camps fue declarado «no culpable» en el caso de los trajes, el expresidente de la Generalitat valenciana creyó dar por finiquitado su periplo judicial y por salvada su honra pero casi siete años después está investigado en cuatro causas. La última le llegó este lunes por prevaricación administrativa y fraude a la administración y parece cerrar el círculo pues se estudia un contrato de su gobierno con la trama Gürtel, a la que en su día se acusó de haberle regalado aquellos trajes.

La reapertura en septiembre de la pieza separada que estudia la adjudicación del estand de la Comunidad Valenciana en FITUR en 2009 al grupo Correa ha desembocado en su inclusión en la lista de investigados para averiguar si fue él quien dio la orden definitiva para que fuera Orange Market quien recibiera el encargo saltándose los procedimientos administrativos.

Esta nueva causa se une a las dos que tiene abiertas por la Fórmula 1, una por la llegada del mundial a Valencia y otra por los contratos para la construcción del circuito, y a la que se le abrió recientemente por las cuentas de la visita del Papa Benedicto XVI a la capital valenciana en julio de 2006.

«Se ha demostrado que los valencianos han tenido un presidente como Dios manda», dijo Camps en Onda Cero en su primera entrevista tras un veredicto del jurado que le absolvía. Unos meses después el Tribunal Supremo no encontró motivos para revocar aquella polémica sentencia del jurado popular. Dos de sus colaboradores se declararon previamente culpables por indicación suya.

Parecía que iba a salir indemne de un caso que se fue llevando por delante a colaboradores como la exconsellera Milagrosa Martínez y a los cabecillas del grupo Correa, empezado por sus jefes Francisco Correa y Pablo Crespo y continuando por Álvaro Pérez El Bigotes, su antiguo «amiguito del alma», condenados todos ellos en el caso Fitur. Pero en la pieza que investigaba la financiación irregular del PPCV que él presidía, todos empezaron a apuntarle con el dedo, empezando por Ricardo Costa, exsecretario general de los populares valencianos y su número dos, y siguiendo por El Bigotes y Correa.

Sus declaraciones llevaron a que, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, la Audiencia Nacional reabriera la causa que investigaba varios contratos de la Generalitat con las empresas de Correa,