"¿Una banda organizada? Pero si a la mitad de los detenidos ni los conozco". Eso es lo único que ha comentado Francisco Granados cuando esta mañana ha sido trasladado de los calabozos de la comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos a un despacho para ser interrogado. El que fuera número dos de Esperanza Aguirre en Madrid se ha negado a declarar, por consejo de su abogado.

Si quiso declarar en las mismas dependencias María Nieves Alarcón, la mujer de Granados, y en libertad con cargos después de asegurar el martes que no estaba al corriente de los negocios de su marido y que desconocía que este tuviera dos cuentas en Suiza. La mujer de Granados, que será citada por el magistrado Eloy Velasco en su ronda de interrogatorios en la Audiencia Nacional, está imputada de los delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales y delito fiscal.

Granados es el nombre más significativo de la macro operación Púnica que el lunes llevo a cabo la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, coordinada por el magistrado Eloy Velasco y una fiscal anticorrupción. La investigación ha desvelado a una presunta trama que en los dos últimos años asignó a cambio de comisiones del 3% importantes contratos de obra pública y suministro energético en municipios de cuatro comunidades autonómicas, principalmente Madrid.

Esta mañana han pasado a disposición judicial 17 detenidos, entre ellos Francisco Martínez Nicolás, consejero delegado de la Agencia Informática del Gobierno de Madrid. La UCO acusa a Martínez Nicolás, el único funcionario detenido de administración autonómica de Madrid, de cobrar dinero negro por favorecer contratos de adjudicación a la empresa Indra. "No se de que me están hablando", reiteró una y otra vez Martínez Nicolás a los investigadores durante el interrogatorio en las dependencias de la Guardia Civil.