El francotirador detenido y encarcelado por su intención de matar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue contratado como vigilante para reforzar de forma «excepcional» la vigilancia del Centro de Telecomunicaciones (CTTI) de la Generalitat días antes del 1-O y hasta las elecciones del 21-D.
Según adelantó Rac-1 y confirmó la Consejería de Políticas Digitales en un comunicado, Manuel Murillo fue requerido por la empresa privada que se encarga de la seguridad del CTTI para formar parte del equipo de refuerzo de seguridad del organismo desde el 19 de septiembre, cuando la Guardia Civil registró varios edificios públicos en una operación para impedir el referéndum, hasta el 21 de diciembre, fecha de las elecciones al Parlament.
El francotirador, que actualmente permanece en prisión preventiva, no formó parte en ningún momento de los equipos fijos de seguridad del edificio del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, del que se encarga la compañía Enerpro SL desde el 2007, tras un concurso.
En concreto, según esta consellería, Murillo integró un equipo de seguridad que se contrató con motivo de unas obras en el edificio anexo al CTTI, que requería un refuerzo adicional para garantizar los accesos y el flujo de personas al local. Durante aquellos días, la Guardia Civil acudió al CTTI en varias ocasiones en búsqueda de información para tratar de abortar el apoyo logístico al 1-O.
Murillo, hijo del último alcalde franquista de Rubí (Barcelona), trabajó siempre en el CTTI en horario nocturno y como equipo de refuerzo, según la Generalitat.
Pasado el 1-O, el francotirador trabajó durante el mes de noviembre y hasta el 21 de diciembre, en los equipos de apoyo en materia de seguridad en un espacio anexo del CTTI que se había configurado con motivo de la convocatoria de las elecciones autonómicas catalanas.
La consejería de Políticas Digitales requerido ayer mismo un expediente informativo a la empresa Enerpro S.L. para recabar más información sobre este asunto. El hombre, que pidió apoyo logístico en un chat de WhatsApp para cometer el magnicidio, permanece en prisión por orden de un juzgado de Tarrasa (Barcelona), en una causa abierta por los delitos de conspiración para cometer atentado contra el jefe del Gobierno y un delito de tenencia ilícita y depósito de armas, municiones y explosivos, así como otro delito de odio.
En algunos de los mensajes, aseguraba: «Necesito ayuda para hacer algo gordo», según adelantó TV3. «Yo no voy a cazar, pero tengo las armas porque sé que tarde o temprano se va a repetir lo del 36 y las guardo y entreno para defender la unidad de España», indicaba en otro de sus mensajes. También se dirigía a los miembros del grupo, entre ellos una dirigente local de VOX en Barcelona que le acabó denunciando, con frases como: «Hoy, donde estoy comiendo, que no se les ocurra aparecer a yihadistas ni a Sánchez porque llevo dos pistolas y un rifle en el coche. Sería un buen día de caza».
Murillo fue detenido el pasado 19 de septiembre por los Mossos d’Esquadra, pocos días después de recibir una denuncia por parte de una dirigente local de Vox en Barcelona, que había recibido sus mensajes de WhatsApp asegurando que estaba dispuesto a «sacrificarse» por España y que quería matar a Sánchez como venganza por su intención de exhumar a Franco del Valle de los Caídos.
La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, vinculó la «crispación» que, a su juicio, están generando el PP y Cs y sus «ataques personales» al presidente Pedro Sánchez con este suceso. Lastra criticó a los que «intentan quitarle hierro» porque «no ayudan en nada» la crispación, los ataques personales y la «sobreactuación» de la derecha.
