Los alcaldes de 30 grandes ciudades, entre ellos los de Barcelona y Madrid, exhibieron unidad este martes frente al plan del Gobierno de Pedro Sánchez de exigirles la cesión de los remanentes municipales para implantar un plan de préstamos para la reactivación de la economía local. Como recambio, le reclamaron fondo estatal exprés "incondicionado" de 5.000 millones para todos los ayuntamientos, y otro especifico de 1.000 millones para la financiación del transporte municipal, ambos desligados del uso de los remanentes.
En una reunión telemática, los regidores de Barcelona, Madrid, Alicante, Almería, Badajoz, Badalona, Cádiz, Córdoba, Granada, Lleida, Málaga, Marbella, Murcia, Ourense, Oviedo, Palencia, Pamplona, Pontevedra, Pozuelo de Alarcón, Reus, Salamanca, Santander, Santa Cruz de Tenerife, Tarragona, Telde, Terrassa, Teruel, Torrelavega, Valencia y Zaragoza plantearon al Ministerio de Hacienda que retire el decreto actual por falta de consenso y lo sustituya por otro que mantenga la previsión de fondos, pero sin condicionarlos a la cesión de ayudas del superávit de los ayuntamientos.
Asimismo, los alcaldes solicitan la ampliación del plazo de las inversiones financieras sostenibles y la eliminación de la regla de gasto, el concepto de déficit y de estabilidad, al menos para los años 2020 y 2021. Para lograr estos objetivos, instan a Hacienda a abrir el diálogo para iniciar unas nuevas negociaciones basadas en los acuerdos alcanzados por unanimidad en abril en el seno de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP).
RENEGOCIAR LAS MEDIDAS
Igualmente, piden "renegociar las medidas que sean rechazadas" y, por ello, reclaman "que los ayuntamientos puedan disponer libremente de los remanentes acumulados durante los últimos años, destinándolos a proyectos y políticas que cada municipio determine en función de sus propias necesidades".
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, constató el lunes en el Congreso la clara falta de apoyos del decreto, por lo que aseguró que permanecería congelado hasta que los grupos pacten posibles modificaciones. El sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) estima que los municipios catalanes perderían 770 millones si decae el decreto.
