El PSOE y el PP pactaron ayer la presentación de una propuesta conjunta para constituir la comisión parlamentaria de investigación de los atentados del 11-M. El texto acordado por los portavoces de ambos grupos, Alfredo Pérez Rubalcaba (PSOE) y Eduardo Zaplana (PP), no resuelve las diferencias entre los dos partidos, que se dirimirán en el seno de la comisión, cuando inicie sus trabajos en fecha no determinada, pero establece que la investigación durará, al menos, hasta agosto.

Los restantes grupos de la Cámara, excepto CiU y Coalición Canaria, suscribieron la iniciativa, que se votará hoy en el pleno del Congreso.

SUMA DE PROPUESTAS El deseo de alcanzar un acuerdo se impuso a las reticencias de socialistas y conservadores. El texto pactado refunde las propuestas que socialistas y populares presentaron el pasado día 6. El objeto de la comisión, según la propuesta conjunta, será "esclarecer la verdad acerca de los hechos sucedidos entre los días 11 y 14 de marzo, así como los antecedentes y consecuentes que resulten coherentes con aquella finalidad".

Ambos partidos también se proponen aclarar "los acontecimientos anteriores y posteriores a los atentados del 11-M vinculados con éstos y las actuaciones que han realizado sobre ellos los poderes del Estado".

El PSOE cedió en la composición de la comisión, que estará compuesta por 16 miembros: cinco diputados socialistas, cinco del PP (uno más que en la propuesta inicial) y uno por cada uno de los restantes grupos.

La propuesta establece una fecha límite de dos meses prorrogables por la propia comisión para elevar su informe al pleno del Congreso. El calendario, método de trabajo y comparecencias se decidirán cuando se constituya la comisión.

Las diferencias básicas entre los dos grupos mayoritarios perviven, porque el texto asume las exposiciones de motivos de las dos propuestas anteriores. En la del PP se propone que se investigue la actuación de los medios de comunicación y de las personas que promovieron las protestas ante las sedes del PP durante la jornada de reflexión de la campaña electoral. Los conservadores se seguirán oponiendo a que se investigue si hubo "imprevisión política" por parte del Gobierno anterior.

Los socialistas argumentan que hay que estudiar la imprevisión y que sólo se puede investigar a cargos públicos, no a entidades privadas o personas.