El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, desoyó ayer las indicaciones del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, al reiterar que no acusará a los exmilitares detenidos en España por su relación con los delitos cometidos durante las dictaduras militares de Argentina, Chile y Guatemala.

Conde-Pumpido ha ordenado por escrito a Fungairiño que en los delitos que afecten a la jurisdicción universal, es decir, los cometidos durante esas dictaduras, "se ciña a la doctrina dictada por el Tribunal Supremo". El alto tribunal ha establecido, en relación al asalto de la Embajada de España en Guatemala durante la dictadura militar, la competencia de la Audiencia Nacional, porque entre las víctimas había españoles.

DISCREPANCIA Pero Fungairiño sostiene que el Supremo ha vetado la investigación en España de los delitos de genocidio y terrorismo. Por ello, defiende su petición de sobreseimiento para el exmilitar argentino Adolfo Scilingo, al considerar que el delito de torturas ha prescrito. Scilingo fue detenido en España y su juicio está previsto para otoño.

No obstante, Conde-Pumpido considera que el Supremo ha establecido "un punto intermedio" en la persecución de esos delitos. Y permite la investigación de los delitos de genocidio, terrorismo y torturas cuando las víctimas sean españolas.

Carlos Slepoy, el principal acusador contra Scilingo, explicó que la doctrina del Supremo permite juzgar al exmilitar "por todos los crímenes que cometió cuando estaba al frente de la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma)". El letrado recordó que solicita más de 6.000 años de cárcel para Scilingo, consideró que el exmilitar debe ser juzgado en nuestro país, y calificó la postura de Fungairiño de "injustificable".