El juez Baltasar Garzón asegura que el atentado contra la Audiencia Nacional, que iba a perpetrar la célula islamista desarticulada esta semana, se ha podido evitar gracias a la acción "policial y judicial desplegada". Pero advierte, en el auto de prisión firmado el sábado, que para perseguir este terrorismo es necesaria "una coordinación absoluta" entre todos los servicios policiales y de inteligencia.

Esta apelación del magistrado no es casual. En esta maniobra policial se han repetido los enfrentamientos entre distintos cuerpos policiales. La operación se precipitó por decisión del juez después de que varios extremos de la investigación fueran filtrados a medios de comunicación. Y los distintos servicios no han compartido sus informaciones y se han interferido en las labores de seguimiento.

Por ejemplo, Kamara Birahima fue arrestado por la Guardia Civil en Málaga cuando la policía le seguía los pasos, ya que era el encargado de comprar los explosivos. La célula tenía órdenes de lanzar un camión con media tonelada de explosivos contra la Audiencia Nacional en cuanto dispusiera de la dinamita.

Otro caso de falta de comunicación se produjo con la detención de Smail Latrech. Este islamista, que dio cobertura al jefe del grupo, Mohamed Achraf --detenido en Suiza--, resultó ser confidente del CNI. Latrech entregó a un testigo protegido una maleta que le había dejado en depósito Achraf, en la que éste guardaba cartas de los presos que integraban su célula. El testigo protegido pasó el material a la policía. El juez ha prorrogado la detención de Latrech mientras se acredita que trabajaba para el servicio secreto.

URGENCIA En su auto, Garzón asegura que Mohamed Achraf había dado ya la orden de atentar con un camión bomba contra la Audiencia Nacional y había llegado a decir que "no importaba el costo, pero que la acción se debía hacer con urgencia".

El magistrado ordena el ingreso en prisión incondicional de 17 de los 18 supuestos miembros de la célula, que empezó a formarse entre finales del 2001 y principios del 2002 en la cárcel de Topas (Salamanca).

Según Garzón, el atentado planeado por el grupo terrorista, denominado Mártires por Marruecos, iba a ser una acción suicida en la que participarían cuatro personas, incluido el propio Achraf, que se había encargado de realizar personalmente las vigilancias sobre la Audiencia Nacional y que había contactado con un palestino especialista en electrónica para que preparara el camión bomba.

El juez afirma que la "verosimilitud" del ataque contra la sede del tribunal "adquiere rigor absoluto" en vista de los pasos dados por Achraf. "Los trámites para conseguir los explosivos" --añade-- "los contactos con la persona que fabricaría el dispositivo, la búsqueda para la financiación, las vigilancias y las personas que intervendrían y estaban dispuestas al martirio, demuestran que el camino ejecutivo no sólo estaba iniciado, sino que, si se ha detenido, ha sido por la acción policial".