El general Enrique Rodríguez Galindo podrá cumplir en su domicilio de Zaragoza, por razones de salud, el resto de su condena de 75 años de cárcel por el caso Lasa y Zabala . Así lo acordó ayer la dirección general de Instituciones Penitenciarias, que adoptó esta solución tras denegarle el tercer grado.

La junta de tratamiento de la cárcel de Ocaña (Toledo) propuso a la dirección general de Instituciones Penitenciarias, el pasado día 23 de septiembre, la concesión del tercer grado a Rodríguez Galindo por motivos de salud. Según un informe médico, el general, de 65 años, padece una enfermedad cardiovascular que se ha agravado en los últimos meses. Por ello, ha tenido que ser ingresado en varias ocasiones en el hospital. El informe advierte de que existe un riesgo de "empeoramiento" en su estado de salud, aunque "de momento no se aprecia un serio compromiso vital". Sin embargo, Instituciones Penitenciarias ha buscado una salida para conjugar "el derecho a la vida del general" y "la existencia de una responsabilidad penal de especial cuantía con fechas aún lejanas de cumplimiento". A juicio de esa dirección, esa pena "lleva aparejada un reproche social".

OTROS FACTORES Sin embargo, ese organismo ha tenido en cuenta otros factores para suavizar la forma de cumplimiento de esa pena como la edad del general, su enfermedad y su "escasa peligrosidad". Galindo ha satisfecho la responsabilidad civil a que fue condenado, ha cumplido la cuarta parte de la condena, ha disfrutado de permisos y presenta una "correcta adaptación social".

También ha tenido en cuenta que han trascurrido casi 21 años desde que se cometieron los hechos. Además, ha valorado la decisión del juez de vigilancia penitenciaria que permitió que el general accediera el tercer grado sin que hubiera cumplido la mitad de la condena, como establece la legislación antiterrorista.

No obstante, Rodríguez Galindo no saldrá de la cárcel hasta que Instituciones Penitenciarias y la dirección de Ocaña acuerden los mecanismos de control a que deberá someterse. Fuentes de Instituciones Penitenciarias se negaron a informar de esas medidas, por razones de seguridad, pero desvelaron que pueden incluir presentaciones en un centro penitenciario o el seguimiento de cursos de reinserción. Además, el general estará siempre vigilado, ya que se le concederá un equipo de escoltas policiales por los cargos que desempeñó en la lucha contra ETA.

El general ingresó en la cárcel el 8 de mayo del 2000 por el secuestro, torturas y asesinato en 1983 de los presuntos etarras José Antonio Lasa y Jose Ignacio Zabala, después de que la Audiencia Nacional le condenara a 71 años de prisión. El Supremo le elevó la pena a 75 años en julio del 2001.