El enemigo externo es uno de los agentes cohesionadores más potentes que se conoce. Su aplicación es aconsejable en caso de pequeñas o medianas rencillas internas. Pero no es la purga de Benito, ni el bálsamo de Fierabrás. Si la brecha es profunda, como la que divide el Govern de JxCat y ERC, ni tan solo la conmemoración del primer aniversario de la intervención judicial en la Consejería de Economía es capaz de suturarla. Así, en tanto que extramuros se recordaba el día en que empezó el choque de trenes, puertas adentro del Palacio de la Generalitat la tensión generada por el asunto de la suspensión temporal o no de los diputados en la cárcel y en Bélgica sumaba enteros.

Una conmemoración que, además, ERC quiso capitalizar. Era su conselleria, sus detenidos. Suya es la cúpula más diezmada. Y contra Esquerra se han dirigido las más vehementes baterías hiperventiladas que la han acusado de ser unos blandengues o bien unos traidores, según el estado de ánimo del tuitero de turno.

Quizá por eso, y con la intención de asomar en ese día tan señalado, la mitad posconvergente del Govern optó por empujar al presidente Quim Torra a realizar una singular declaración institucional, nada menos que para reaccionar a lo que Eldiario.es habían publicado la noche anterior. Es decir, la ristra de mensajes entre jueces, a través de canales corporativos, en los que se prescinde de la moderación esperada por los legos, y se cae en el insulto al independentismo como vía para defender la siempre sacrosanta unidad de España.

Hubo más elementos de tensión entre Estado y Generalitat, como el rifirrafe entre la ministra Meritxell Batet y el consejero Ernest Maragall. Dijo este que en la comisión bilateral la titular de Política Teritorial le trasladó que el Ejecutivo central podía «formular la política criminal» del Estado y dar «instrucciones» a la Fiscalía. Batet respondió al poco. Negó y exigió una rectificación. Y Maragall, ya en Twitter, matizó que, si bien lo anterior era cierto, la propia Batet le transmitió la imposibilidad de dar instrucciones «a una Fiscalía concreta para un caso concreto».

También Puigdemont se unió a la conmemoración del aniversario del 20-S. Desde Bélgica publicó un vídeo en el que llama a los catalanes a «plantarse» ante la «represión y el autoritarismo» y a estar «movilizados y decididos» para «defender en la calle las libertades fundamentales», pero «manteniendo la serenidad y el compromiso de la no violencia».

A todo esto, en el independentismo se suman tensiones en distintas direcciones. Un sector de JxCat, en el que se encuadra el vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa, trata de presionar a ERC para que desobedezca el auto del juez Pablo Llarena y someta a la votación del pleno de la Cámara la suspensión temporal de los encarcelados y exiliados. El #pressingERC se materializa con la amenaza de elecciones.

LA CONTENCIÓN DE ARTADI

A estos hay que oponer a otros sectores de la misma JxCat, pero en el Govern, por ejemplo la ‘consellera’ Elsa Artadi que trata de contener a los primeros (afines irreductibles a la figura de Carles Puigdemont).

Por otro lado, alguna voces apuntan a que el propio president empieza a acusar la presión y, ahora que parece que el juicio por el 1-O y la sentencia (tras la que podría convocar elecciones) se alargan hasta después de las elecciones municipales, empieza a acariciar la idea de adelantar la convocatoria, para espanto, precisamente de los moderados de JxCat. Según estas voces, el guion moderado que exhibió en la conferencia del 4 de septiembre, y que es el que marca por ejemplo Elsa Artadi, no acaba de convencer al president que entiende que si se metió en política, y acepto la presidencia, fue para hacer algo más épico que un autonomismo 2.0.

El espanto de los moderados de JxCat de estos coincide con la tranquilidad de ERC. «Un adelanto sería fatal para todos, pero más para ellos», señala una voz en referencia a las encuestas, publicadas y propias. Lo que conduce a los republicanos a pensar que ese adelanto no se dará. Ni por el desgaste de Torra ni por la presión de los puigdemontistas. Entre los republicanos se considera que la verdadera línea roja que los posconvergentes nunca cruzarán es la del riesgo a perder la presidencia de la Generalitat.

ERC está convencida de que los herederos de CDC apuntan sus baterías hacia Roger Torrent, empujándolo a una desobediencia a cuenta de la suspensión de los diputados, para desgastarlo como posible candidato,