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La Generalitat estudió crear un ejército de 22.000 militares

El ‘Govern’ sopesó mantener el euro «de forma unilateral» como moneda oficial. Un informe de la Guardia Civil apunta a la mala imagen de la mili en Cataluña

 

El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, al llegar, ayer al Tribunal Supremo. - JOSÉ LUIS ROCA

J. G. ALBALAT
02/02/2018

El Govern de Carles Puigdemont contaba, antes del 1-O, con informes que planteaban la creación de un ejército integrado por entre 18.000 y 22.000 efectivos para un eventual Estado catalán. Los datos aparecen en un documento de la Guardia Civil, elaborado tras analizar el contenido de los 53 correos electrónicos intervenidos al exsecretario de la Hacienda catalana Lluís Salvadó, uno de los detenidos el 20 de septiembre por el referéndum unilateral.

Salvadó envió un correo, el pasado 6 de septiembre, a una cuenta genérica de la vicepresidencia de la Generalitat en el que adjuntaba un documento titulado La seguridad en la República catalana: primeros planteamientos, informa Efe. Una vez analizada la situación de países como Austria o Dinamarca, el informe considera que la «república» debería plantearse si quiere un cuerpo de defensa formado por profesionales o por milicias, además de su rol internacional.

El documento señala que el servicio militar obligatorio tiene una imagen «muy negativa» entre los catalanes «debido a la asociación mental que se hace con el Ejército español», por lo que deja ese debate para más adelante. En todo caso, señala que «es más recomendable» que Cataluña tenga un cuerpo propio, proporcionado y bien entrenado.

Tras apuntar que la sociedad catalana tiene un sentimiento antiimperialista, reticente a EEUU y a la OTAN, remarca que, para conservar la independencia, es preferible integrarse en «instituciones internacionales».

El Ejecutivo de Puigdemont también barajó la posibilidad de mantener el euro como moneda oficial de una Cataluña independiente de «forma unilateral y sin ninguna necesidad de acuerdo, como hacen Montenegro y Kosovo», en el caso de que el nuevo Estado no fuera reconocido ni por España ni por Europea (UE).

En otro de los correos electrónicos intervenidos, la entonces directora general de Planificación y Estudios Fiscales Montse Pereto le envió un informe «confidencial» elaborado por un asesor de los eurodiputados de ERC sobre los distintos escenarios posibles. Fechado en mayo del 2015, concluye que, una vez se declare la independencia, «tendrá que haber un acuerdo político, tarde o temprano, en primera instancia entre Cataluña y España, y después con la UE», ya que las instituciones comunitarias apostarán por la negociación tanto por su «propio interés como de las empresas multinacionales». Si Cataluña quedara fuera de la UE, añade, sería posible mantener unas «negociaciones paralelas» con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) que «podrían facilitar el acceso a la Eurozona».