El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y las comunidades autónomas han analizado hoy la evolución de la peste porcina africana en Europa y un nuevo plan de apoyo a los ganaderos afectados por el cierre de las plantas de cogeneración que utilizan purines.
La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha presidido hoy las reuniones de los consejos consultivos y las conferencias sectoriales de política agrícola y pesquera, a las que han acudido los consejeros del ramo de todas las comunidades autónomas, a excepción de los de Madrid, Extremadura, Aragón y País Vasco.
Por lo que se refiere a la gestión de purines, la Conferencia Sectorial ha repartido 10 millones de euros para paliar algunos de los efectos indirectos de la última reforma eléctrica.
La Consejería de Agricultura de Castilla y León ha obtenido, en esta Sectorial, unos 3 millones de euros, montante que la Comunidad destinará a la construcción de nuevas instalaciones para depositar los purines, que se utilizarán para enmiendas orgánicas o abonos.
Según ha explicado su consejera, Silvia Clemente, esta comunidad recibirá el 30% de los fondos distribuidos entre las comunidades.
Ahora, "nos vamos a sentar con el sector" y sus asociaciones representativas para definir cuáles serán las características de estos nuevos centros o plantas de almacenamiento de purines.
El problema se remonta a la decisión de Industria de retirar el 40% de las ayudas que recibían las plantas de cogeneración de energía que utilizaban los purines y, a partir de ahí, muchas plantas decidieron cerrar al estimar que no tenían rentabilidad.
Un grupo de alto nivel del ministerio ha trabajado con las comunidades más afectadas en la búsqueda de soluciones, entre ellas Castilla y León, que tenía 11 plantas de tratamiento de purines.
Clemente ha reconocido que las medidas adoptadas hoy en Conferencia Sectorial representan un esfuerzo para el ministerio y las comunidades autónomas, pero "no son suficientes".
Por su parte, Andalucía recibirá 277.000 euros; según su consejera, Elena Víboras, "tenemos una sola planta de purines en Vilches (Jaén) y, en este sentido, damos conformidad. Queremos que no se quede en eso, hay 20 puestos de trabajo y que no sea solo una subvención, sino que le den alternativas".
Para la consejera del Medio Rural y del Mar de Galicia, Rosa Quintana, aunque su comunidad "no tiene zonas vulnerables", sí ha obtenido una ayuda de 178.000 euros para intentar buscar alguna solución y que haya el menor impacto posible de los purines al medio ambiente.
Sin embargo, lo más importante para Galicia ha sido la aprobación del plan de control del lácteo, un "paso adelante" para el sector.
"Hemos visto algunas deficiencias", ha apuntado, por lo que espera que aprovechando la ley de la cadena alimentaria se unan todos los recursos y se consigan unificar las inspecciones.
Según la consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano, esta Comunidad recibirá 868.000 euros para compensar a los productores afectados por el cierre de las plantas de purines.
Una cifra que servirá para ayudar a los porcinicultores que se han visto obligados a modificar su plan de gestión de purines, para los que quieran que la Administración les cofinancie inversiones para sus explotaciones o recibir apoyos para impulsar proyectos de innovación para un tratamiento sostenible de purines.
En la Conferencia Sectorial de hoy también se han repartido fondos para la reestructuración y reconversión de viñedos, los productores de frutos de cáscara, y el programa de promoción del consumo de frutas y hortalizas entre los escolares, entre otras.
En cuanto al Consejo Consultivo de hoy, preparatorio del próximo Consejo de Ministros de Agricultura europeo, Gobierno y comunidades autónomas han analizado las medidas de vigilancia de carácter extraordinario de la UE para evitar la expansión de la peste porcina africana, que ya afecta a Polonia, Lituana y Letonia.
En la reunión aludieron, además, al comercio exterior, como el acuerdo de libre comercio que negocian la Unión Europea y EEUU.
En este sentido, Andalucía planteará "que sean muy exigentes con la normativa europea", porque "hemos trabajado mucho con las Denominación de Origen y las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) en productos como el vino y el aceite, y una inversión importante de cara al mercado de EEUU", ha afirmado Víboras.
