Habrá acercamiento de presos de ETA a las cárceles de Euskadi o a los lugares de residencia de sus familias y se comenzará el proceso, una vez que la banda se ha disuelto oficialmente, por los internos que están enfermos o tienen ya más de 70 años. Lo explicó el propio Pedro Sánchez a los periodistas del Congreso, con quienes mantuvo ayer una conversación informal tras participar en el pleno previo a la cumbre de Bruselas. El presidente del Gobierno espera obtener el aval del Parlamento además para dar este paso, aunque no lo necesite, y se comprometió a tener empatía con las víctimas.

Se da la circunstancia de que, de los 228 reos etarras que están en prisión (aunque cuatro de ellos fueron expulsados por la organización terrorista), entre 11 y 20 están enfermos. La cifra es similar cuando se busca el número de mayores de 70 años, según explicó después el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska. El ministro quiso dejar claro que hay más requisitos a demandar, como el repudio a la violencia o que se haya cumplido una parte concreta de la pena. Además el traslado no se realizará de colectivamente, sino de manera individualizada, teniendo en cuenta las circunstancias de cada interno, dijo.

La simple voluntad del Ejecutivo de llevar a cabo dicho acercamiento levantó ampollas en las víctimas (que, como mínimo, exigen también petición de perdón, arrepentimiento y colaboración para esclarecer casos aún pendientes) y las suspicacias del PP: el diputado vasco Javier Maroto advirtió de que si las víctimas deciden salir a la calle a protestar por la medida, su organización (ahora mismo inmersa en la elección de un líder que marque directrices) estará detrás.

Serán la Junta de Tratamiento y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, ligadas a Interior, las encargadas de «evaluar todo»; esto es, las circunstancias de cada preso y los requisitos necesarios para ese acercamiento que aún no tiene fechas.