Como sucede con todas los proyectos legales, el Gobierno ha sometido a la ley orgánica que facilita la abdicación de Juan Carlos al análisis del impacto económico, competencial y de género y ha remitido sus conclusiones a las Cortes. Dicho estudio concluye que la norma no tiene repercusiones en ninguno de los tres ámbitos.

Es decir, el Gobierno concluye en dicho análisis que el traspaso de la Jefatura del Estado de Juan Carlos a Felipe no tendrá "incidencia en el gasto público". "De conformidad con la Constitución, el Rey -reza el documento- recibe de los presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y su Casa, instituciones estas no altaradas por la norma que se somete a las Cortes Generales (la ley de abdicación), por cuanto el Rey que abdica como la Reina consorte permanecerán como miembros de la Familia Real".

El análisis descarta también que la norma tenga impacto en el ámbito social, en materia de igualdad o por razón de género, dado que no establece ningún tipo de "preferencia" de un género sobre el otro.

La ley orgánica

El Ejecutivo precisa en el documento que la norma que envía a las Cortes -para su aprobación a mediados de junio- no es una "ley de sucesión", sino que que se limita a "resolver la efectividad" de la abdicación. De hecho, el informe de impacto normativo que también acompaña al proyecto legal, al que ha tenido acceso Europa Press, refleja la "discusión doctrinal" que ha habido en el seno del Ejecutivo en torno al artículo 57.5 de la Constitución que recoge la posibilidad de que el Rey abdique, hasta concluir que "cada acto de abdicación requiere la aprobación de una ley orgánica" y que no basta con aprobar una norma que regule el conjunto de abdicaciones.