Lo primero que hizo ayer en su comparecencia posterior al Consejo de Ministros la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, fue cargar contra la oposición. Sobre todo contra Ciudadanos, por el viaje de su líder en Catalunya, Inés Arrimadas, a la localidad belga de Waterloo, donde reside Carles Puigdemont. Pero Celaá también criticó a Podemos, en quien depositó parte de la responsabilidad de los desahucios que se llevaron a cabo en Madrid, al votar los morados en contra del reciente decreto de vivienda. Y por supuesto, al PP, por sus «insidias», y al independentismo, por las «falsedades» de su «relato». Pura precampaña.

Antes incluso de detallar los asuntos que había abordado el Gobierno en su reunión semanal, sin mediar pregunta, la portavoz y ministra de Educación dijo: «Ahora que el Tribunal Supremo está haciendo su tarea, no es sensato ir a Waterloo para insistir en una política de confrontación que solo beneficia a los más radicales. Que quienes defienden la acción de la Justicia española ayuden a internacionalizar la tensión y el daño causado por el independentismo es una insensatez. El Gobierno va a seguir defendiendo el orden constitucional. Diálogo y ley, como dijimos desde el primer día».

Los ataques al viaje de Arrimadas, que el domingo acudirá a Waterloo junto a otros diputados de Cs para recordar a Puigdemont que «la república no existe», no llegaron solo del Gobierno. El PP, donde los últimos movimientos de los naranjas provocan incomprensión, empleó argumentos parecidos a los del Ejecutivo para arremeter contra el desplazamiento a Bélgica. «Está legitimando a un prófugo de la Justicia, dándole categoría de interlocutor. Es una barbaridad, un despropósito», señaló el líder de los populares catalanes, Alejando Fernández.

LA «QUIMERA»

Ahora que se han visto forzados a adelantar elecciones después de que ERC y el PDECat rechazaran los Presupuestos, al igual que el PP y Cs, los socialistas quieren situarse claramente frente al independentismo y la derecha, que insiste en la aplicación del 155. «Los independentistas no han conseguido ninguna de sus exigencias anticonstitucionales. Y el resto de fuerzas saben que no se puede aspirar a una aplicación punitiva de la ley frente a quienes no piensan igual. No se puede aplicar una ley de forma ilegal, ni la justicia de forma injusta», explicó Celaá, quien pidió a «las autoridades catalanas» que «salgan de la quimera».