El Gobierno catalán ha concedido al futbolista del FC Barcelona Leo Messi una de las cruces de Sant Jordi de este año. En concreto, se premia a Messi "por su fabulosa trayectoria deportiva que le ha llevado a ser reconocido como mejor deportista de todos los tiempos". Se cita entre otras cuestiones la Fundación Leo Messi o su aportación al Hospital de San Juan de Dios para la construcción del Pediatric Cancer center. El texto no cita la condena de 21 meses de cárcel y multa de dos millones de euros a Messi por tres delitos fiscales.

En el texto de concesión de la Cruz de Sant Jordi se afirma que "Messi encarna unos atributos sociales tan primordiales como la humildad, la honestidad, el aprendizaje, la creatividad, el sentido de equipo y el respeto". Preguntada por los méritos de Messi, aparte de su facte deportiva, para este galardón, la 'consellera' y portavoz, Meritxell Budó, ha afirmado que el premio se concede "a petición propia de la secretaría general del Deporte de la Generlaitat, el ayuntamiento de Barcelona y del propio FCBarcelona, que han peddio este reconocimiento a este gran jugador por su brillante carrera deportiva". Preguntada sobre si el Gobierno catalán ha tenido presente la sentencia por delitos fiscales respecto a Messi, la portavoz del Gobierno catalán ha contestado: "No hemos entrado en esta valoración a nivel de Govern" y se ha limitado a leer de nuevo el texto de la concesión de la Cruz de Sant Jordi al futbolista.

Entre otros premiados este año están el fotógrafo Antoni Vidal, la librera Montserrat Úbeda, el biólogo Jaume Terrades, la presidenta de la Fundación Surt, Fina Rubio, la arquitecta Benedetta Tagliabue o los expresidentes del Parlamento catalán, Joan Rigol, Ernest Benach y Núria de Gispert, así como el diseñador Lluís Juste de Nin o la maestra y activista Montserrat Juvanteny.

CRÍTICAS A LA EXCLUSIÓN DE PUIGDEMONT DE LAS EUROPEAS

Budó ha criticado la decisión de la Junta Electoral Central de excluir al 'expresident' Carles Puigdemont y los 'exconsellers' Toni Comín y Clara Ponsatí de la candidatura a las elecciones europeas. "Estamos ante un nuevo ataque a la democracia que incluso incomoda a los miembros de la JEC, el presidente y el vicepresidente han emitido un voto particular contrario a la decisión, es un fraude a la democracia perpetrado por un organismo dependiente del Estad, nuestra indignación y pedir al TC y a la JEC y a diferentes organismos del Estado que vuelvan a la razón del Derecho y salgan de la razón de Estado”, ha afirmado Budó.

Sobre el nombramiento de Enric Millo, exdelegado del Gobierno en Cataluña, como alto cargo de la Junta de Andalucía, Budó ha afirmado que "no les sorprende" que se conceda este cargo por parte de un gobierno del PP, Ciudadanos y el apoyo de Vox.

PLAN DE CONTINGENCIA

Por otra parte, el Gobierno catalán ha aprobado el nuevo plan de acción para el gasto urgente, el plan de "contingencia" para afrontar la situación de prórroga presupuestaria, que tendrá un valor de entre 2000 y 2100 millones de euros. El objetivo es "mantener las prestaciones de servicios fundamentales y cumplir con el compromiso ineludible de gasto", ha explicado Budó, que ha desgranado los gastos de las 'conselleries' más allá de la inversión en personal, que se incrementa en 1.039 millones.

El plan de actuación departamental trata de identificar los incrementos de gasto a cubrir, para garantizar lo que califica de actuaciones prioritarias: el despliegue del tercer tramo de la renta garantizada de ciudadanía, inversión en centros escolares para reducir los módulos, el despliegue del grado I de la ley de dependencia -dado que se han incrementado las personas con dependencia-, la cobertura de acuerdos sindicales para mejorar las condiciones laborales del Instituto Catalán de la Salud y el CISCAT, el inicio de mejora de equipamientos de extinción de incendios, el despliegue del plan nacional para la industria, mejorar las deficiencias de financiación de las universidades, el despliegue de la red de fibra óptica y una convocatoria del Plan Único de Obras y Servicios para los municipios para el período 2019-2023.

El plan prevé medidas como la identificación de fuentes adicionales de financiación, cambiando normativas de impuestos o con nuevos ingresos estatales vinculados a la "lealtad institucional", ha afirmado Budó, que ha apelado a la corresponsabilidad del Estado en cuestiones como la dependencia o el acompañamiento de los menores inmigrantes no acompañados. También se prevén transferencias entre 'consellerias' y el uso del fondo de contingencia.