El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha confirmado este jueves que si la Generalitat deja en manos de las organizaciones civiles las actuaciones necesarias para celebrar una consulta el 9-N no hará nada para impedirlo. El ministro ha señalado que si el Governo "no promueve" las actuaciones necesarias para poner las urnas en las sedes de la Generalitat y que la consulta se celebre bajo su paraguas "no parece necesario requerir" a los jueces y al Tribunal Constitucional que lo impidan, dado que no se produciría "una infracción del ordenamiento jurídico".

Catalá ha restado importancia incluso a este hecho al señalar que "cada día" se producen "movimientos populares", como recogidas de firmas, que son completamente legales y suponen un "ejercicio de la libertad de expresión".

El ministro no ha despejado, no obstante, que hará el Gobierno en el caso de que Artur Mas desobedezca al Constitucional y dé la orden de que sea la Generalitat la que capitane la consulta. Catalá tan sólo ha advertido al 'president' de que el Ejecutivo, a través de la Abogacía del Estado, está "analizando la situación" y si se "identifican actuaciones concretas" que conduzcan a la celebración de un referendo ilegal, el Gabinete de Mariano Rajoy volverá "a ejercer actuaciones en defensa del Estado de Derecho".

También ha avisado de que tanto los jueces, si reciben algún tipo de denuncia, o la fiscalía, de oficio, podrían paralizar una consulta suspendida por el TC.