Sólo un mes. Ese es el perentorio plazo en el que el Gobierno pretende aprobar en el Congreso la reforma judicial embarrancada el pasado jueves en el hemiciclo por la ausencia, entre otros, de 18 diputados socialistas. Reunido de urgencia y con carácter extraordinario, ayer el Consejo de Ministros, bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, reenvió al Congreso un texto "idéntico" al que ya aprobó el pasado 15 de octubre para impedir que la derecha judicial cope la cúspide de la magistratura.
EL RECHAZO DE MARIN Como ya ha hecho en otras ocasiones, el Ejecutivo socialista se ha avenido a rectificar su postura inicial. Zapatero decidió dar marcha atrás el domingo, tras constatar que el primer plan --el de forzar una nueva votación en el pleno del Congreso para corregir la derrota sufrida el jueves por el PSOE-- contaba con la firme oposición no sólo del PP, sino también del presidente del Congreso, el socialista Manuel Marín, y de los servicios jurídicos de la cámara.
La mesa del Congreso calificará hoy el proyecto de ley, y el PSOE prevé forzar dos plenos extraordinarios --uno en el Congreso, la próxima semana, y otro en el Senado, la última de diciembre-- para agilizar al máximo su tramitación. De hecho, se ha enviado al Congreso el mismo texto que el 15 de octubre para soslayar la precepitva petición de un dictamen del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que con carácter no vinculante tachó de "inconstitucional" el proyecto inicial del Gobierno.
El texto aprobado de nuevo por el Consejo de Ministros revisa el vigente sistema de nombramientos en el Tribunal Supremo y los tribunales superiores de justicia de las autonomías. Exige que el CGPJ acuerde la cobertura de las vacantes judiciales no por mayoría simple de sus vocales, como hasta ahora, sino con el apoyo de tres quintas partes del plenario.
Angel Acebes, secretario general del PP, acusó ayer al Ejecutivo de atentar "contra la independencia del Poder Judicial y del Parlamento". A Marín le pidió que, como presidente del Congreso, "preserve la dignidad de la Cámara" y exija que se cumplan los plazos reglamentarios.
