La jurisdicción universal, el principio que señala que hay delitos tan graves que pueden ser perseguidos por cualquier Estado independientemente de dónde se cometan, se encuentra desde ayer más cerca de convertirse en papel mojado en España. Al ritmo que quiere imprimir el PP a su reforma, lo será en breve. El Congreso de los Diputados admitió a trámite, con los únicos votos de los conservadores, la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial que pone tantas trabas a estos procesos que prácticamente los deja sin efecto.
Cuando entre en vigor, algo que el Gobierno espera que tenga lugar como muy tarde antes del verano, los jueces españoles solo podrán perseguir estos delitos (genocidio, lesa humanidad y contra las leyes de la guerra) cuando los presuntos autores sean españoles o extranjeros nacionalizados. En la práctica, implica el archivo de casos como el del asesinato de Ignacio Ellacuría y otros cuatro jesuitas españoles a manos de militares salvadoreños en 1989; la investigación de altos cargos guatemaltecos por delitos de genocidio; la causa abierta por supuesto genocidio en Tíbet, y la muerte en Irak del periodista José Couso, cuya familia se reunió ayer en el Congreso con los grupos parlamentarios para intentar frenar la polémica reforma.
MOTIVOS POLÍTICOS
El PP no oculta que el motivo que explica esta modificación legal no es jurídico, sino político. Su portavoz en la Cámara baja, José Antonio Alonso, tachó la jurisdicción universal de «fuente de disputas inútiles que solo generan conflictos diplomáticos». En el caso de España, que hasta ahora había sido un modelo en este campo, con China. Un día después de que un juez español emitiera una orden de detención contra cinco exlíderes comunistas, la portavoz de Exteriores del país asiático avisó ayer al Gobierno del PP de que la gestión del caso del Tíbet marcará la relación entre ambos países. Al mismo tiempo, confió en la «habilidad y sabiduría» del Ejecutivo de Mariano Rajoy.
Los conservadores tienen tanta prisa en apagar la tensión con China a través de esta reforma que han utilizado la vía, inédita en esta legislatura, de la proposición de ley. A diferencia del proyecto de ley, no requiere de los informes preceptivos del Consejo del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado. El martes de la semana pasada y ayer, el PSOE intentó forzar que se conociese la opinión del CGPJ, pero el PP lo rechazó con la abstención de CiU. Esta señaló que siempre se abstiene cuando la petición de estos informes no resulta obligatoria, pero hasta ahora, ante casos idénticos, había votado a favor y en contra.
AMPLIO RECHAZO
Aun así, los catalanes, al igual que el resto de la oposición, cargaron contra la iniciativa del Gobierno, que también ha cosechado las críticas de importantes oenegés (Amnistía Internacional y Human Rights Watch, entre otras), así como de un sector importante de los magistrados de la Audiencia Nacional, el tribunal encargado de este tipo de procesos. El republicano Joan Tardà acusó al Gobierno de colocarse al lado de los criminales y no de las víctimas. Gaspar Llamazares, de IU, dijo que el PP quería convertir España en «el país de la impunidad».
Los socialistas, a través de su portavoz, Soraya Rodríguez, señalaron que la reforma era «terrible», y quieren llevar esta proposición de ley ante el Constitucional, pero iniciaron este camino contra la persecución de los delitos contra la humanidad. En el 2009, junto al PP, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decidió que estas causas solo se abrirían cuando afectasen a españoles. La iniciativa actual va mucho más allá, pero en el mismo sentido.
