Ya está. El real decreto ley sobre los remanentes municipales está sentenciado. Muere. No tiene los apoyos para ser convalidado por el pleno del Congreso de los Diputados. El debate de este jueves ya era baldío para convencer voluntades, porque la exigencia de que el voto telemático estuviera registrado a las nueve de la mañana hacía posible conocer los números por anticipado. Saber que la negociación, pese a que se apuró en las últimas horas, y pese a que Hacienda, a la desesperada, puso una última oferta sobre la mesa, no había logrado concitar un mayor consenso. El último gesto del Gobierno, no obstante, sí sirvió para que se adhirieran al decreto los comunes de Ada Colau, por lo que la unidad del Ejecutivo queda salvaguardada, ya que tanto el PSOE, el único partido que ha defendido estas semanas la medida, como Unidas Podemos, que mostraba muchos recelos, finalmente lo respaldan.

El Ejecutivo, pues, sufre una derrota histórica, que rara vez se ve en el Congreso. Solo en cuatro ocasiones anteriores había rechazado refrendar un real decreto ley del Gobierno en más de 40 años de democracia. La primera vez, en 1979, con la UCD en la Moncloa. La segunda, en 2006, con José Luis Rodríguez Zapatero en el poder, y fue por error. La tercera, en marzo de 2017, con Mariano Rajoy, por la estiba. Y la cuarta y última, en enero de 2019, ya con Pedro Sánchez en la Moncloa, por la vivienda, aunque meses más tarde reformuló el texto, que ya sí logró salir adelante. El simbolismo y el peso de esa derrota explica que Hacienda estuviera negociando hasta última hora, sin éxito.

El simbolismo y el peso de plomo de esa derrota explica que Hacienda estuviera negociando hasta última hora, sin éxito. La ministra María Jesús Montero, como explicó este jueves durante su intervención de defensa del texto en el pleno de la Cámara baja, ofreció que hasta el 60% del nuevo fondo de 5.000 millones de euros se distribuyera sin condiciones (a repartir en función de la población), con lo que los recursos llegarían incluso a los ayuntamientos sin remanentes, una de las reclamaciones de los municipios que no habían acumulado ahorros en estos años y que se veían excluidos del instrumento excepcional diseñado por el Gobierno. Ese gesto fue el que posibilitó que los comunes de Ada Colau —la alcaldesa de Barcelona se desplazó este miércoles en Madrid— se sumaran. Sirvió, pues, para reagrupar a las dos fuerzas que comparten el Gabinete, PSOE y Unidas Podemos, aunque no para atraer al resto de grupos.