Madrid. -- La ministra de Cultura, Carmen Calvo, ha anunciado que el Gobierno asume el informe de la comisión de expertos sobre el futuro del Archivo de Salamanca y devolverá a la Generalitat de Cataluña los documentos que le fueron expoliados en la guerra civil.Calvo, en declaraciones a los periodistas en el Congreso, ha destacado que el Ejecutivo ha cumplido con el mandato de encontrar antes de fin de año una solución a este conflicto que dura casi 25 años y que estudia ya la solución técnica y jurídica para hacer efectiva esa devolución.El Ministerio de Cultura remitirá esta misma semana al Parlamento un informe con la solución adoptada, según Carmen Calvo, que ha recordado que la decisión no necesariamente tendrá que pasar por el Consejo de Ministros y que su articulación técnica puede tardar unos meses.Comisión de 17 expertosLa comisión de 17 expertos resolvió el pasado día 23 que las razones de la Generalitat para reclamar la devolución de los documentos --en torno al 2,5% del total de la documentación archivada en Salamanca-- son "justas y legítimas".La ministra, que ha recordado que en esa comisión están representadas todas las administraciones, ha considerado que las conclusiones están "cargadas de mesura y sentido común" y ha mostrado su perplejidad por las reacciones de "política fácil" a esas conclusiones y las críticas a los expertos. "Si alguien se empeña en enfrentar territorios --ha añadido--, será su responsabilidad".Modelo general de archivosCalvo ha destacado que los documentos van a seguir en territorio español, bajo la protección del Estado y cumpliendo su función para todos los españoles, independientemente de dónde se encuentren físicamente. Además, ha explicado que, probablemente para el mes de febrero, esté listo también el proyecto del modelo general de archivos que, bajo el nombre de "la memoria compartida", tendrá como ejes la recuperación de documentación que se encuentra fuera de España, la mejora de las condiciones físicas de los archivos y la implantación de las nuevas tecnologías.En ese proyecto se incluirá también una solución a las reivindicaciones sobre el archivo de la Corona de Aragón que permita que todas las comunidades autónomas afectadas "puedan sentirse -dijo- mucho más cómodas" en la gestión y participación de ese archivo.Reivindicación históricaLa ministra de Cultura ha recordado que todos los Gobiernos españoles de los últimos 25 años han tenido que hacer frente a la reivindicación de devolución de la documentación expropiada a la Generalitat en 1936, aunque "algunos lo quieran vincular a la coyuntura política actual".Además, ha calificado de "poco razonable" que, mientras se hacen permanentes llamamientos a la participación de la sociedad civil, cuando ésta, a través de expertos de reconocido prestigio, interviene en los asuntos públicos, las conclusiones no sirvan porque "a alguien no se le ha dado la razón".Calvo ha recordado que la documentación le fue expoliada en 1936 a una institución legítima como la Generalitat de Catalunya, así como que la Carta Universal de los derechos Humanos, la Convención de La Haya y las resoluciones de la UNESCO "piden que se devuelvan los botines de guerra". Reclamaciones del PPPor su parte, el portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, ha anunciado que esta formación va a pedir al Gobierno que le remita el informe elaborado por la comisión de expertos que recomienda la devolución a la Generalitat de sus fondos del Archivo de Salamanca, así como que varios de estos especialistas comparezcan en el Parlamento para exponer sus conclusiones a los diputados. Zaplana ha subrayado que el Congreso no puede permanecer "ajeno" a este asunto y tiene que "opinar" porque se trata del futuro de un archivo de carácter "nacional" que, "esté dónde esté es de utilidad para el conjunto de España". El dirigente del PP ha señalado que las "demandas" para la devolución de parte de esos fondos a Cataluña obedecen más a la "oportunidad política que a otras cuestiones" y que estos expertos deben desfilar por el Congreso para ofrecer su punto de vista, teniendo en cuenta que otras entidades han elaborado informes que contradicen el redactado por comisión que presidía exdirector de la UNESCO Federico Mayor Zaragoza.