El Gobierno y la Generalitat han pactado una fórmula algo ambigua para fijar el orden del día de la primera reunión que celebrarán tras siete años, el próximo 1 de agosto en Barcelona, y que permitirá a los dirigentes catalanes expresar su opinión sobre la situación de los presos, los huídos y el referéndum. El Govern exigía poder abordar estos asuntos para celebrar el encuentro y finalmente tendrá la oportunidad de hablar sobre ellos, aunque el documento no incluye ninguno de estos términos de forma explícita, y no compromete al Ejecutivo.
La redacción final del sexto punto del orden del día queda así: "Consideraciones de la Generalitat sobre la situación política en Catalunya: En materia de derechos y libertades. En relación con las vías de participación ciudadana en las decisiones sobre su futuro político". La posición es similar a la que adoptó el presidente del Gobierno ante su reunión con Quim Torra en la que se pudo "hablar de todo" pero esto no implicaba que el Ejecutivo estuviese dispuesto a negociar determinadas demandas. A diferencia de entonces, los dirigentes políticos presos ya han sido trasladados a centros penitenciarios catalanes.
El Gobierno también ha introducido en el orden del día una llamada a la Generalitat para que participe en las conversaciones que se mantienen en distintos foros con el resto de autonomías. "Consideraciones del Estado sobre la participación de la Generalitat en órganos multilaterales y de coordinación", reza en el orden del día. El 'president' Torra se ha negado hasta ahora a asistir a cónclaves con el resto de territorios, como el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que abordaba el espinoso tema de la financiación.
El orden del día de la comisión bilateral Gobierno-Generalitat también incluye un informe sobre la relación de cooperación, los traspasos pendientes; un análisis de la conflictivividad competencial planteada ante el Tribunal Constitucional; los compromisos económicos y fiscales; intercambio de información sobre inversión en infraestructuras, transportes y la disposición adicional tercera del Estatut; el intercambio de información legislativa en el ámbito educativo y lingüístico; y acción exterior de la Generalitat (que deberá notificar al Gobierno próximas aperturas de delegaciones en el extranjero).
