El Gobierno ha decidido declarar este viernes el estado de alarma ante la crisis del coronavirus. En una comparecencia desde el Palacio de la Moncloa, el presidente, Pedro Sánchez, ha dado a conocer la decisión.
Para que pueda ser decretada esta medida excepcional, Sánchez necesita la aprobación previa del Consejo de Ministros, que se reunirá mañana sábado. Ya hay dos miembros del gabinete contagiados: la ministra de Igualdad, Irene Montero, y la de Política Territorial, Carolina Darias.
El artículo 116 de la Constitución permite que se aplique en situaciones excepcionales como crisis sanitarias, desastres naturales, catástrofes o paralización de servicios básicos. Es el Ejecutivo central quien la aprueba por decreto en el Consejo de Ministros con una validez máxima de 15 días. El estado de alarma, ha explicado Sánchez, se aplicará de momento durante este espacio temporal. Si después se requiere prórroga, tendría que solicitar autorización obligatoria al Congreso de los Diputados, que sometería al pleno la decisión.
Límites
Con el estado de alarma, que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decretó en el 2010 debido al cierre del espacio a todas las autoridades civiles de la Administración de un territorio en concreto (o toda España), las policías autonómicas y locales y los demás funcionarios quedan bajo las órdenes del Gobierno central, que puede ordenarles servicios extraordinarios por su duración y naturaleza.
Según el artículo 11 de la ley orgánica de estados de alarma, excepción y sitio, de 1981, el Ejecutivo, mediante el decreto, podrá: 1) limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos; 2) practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias; 3) intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres o explotaciones de cualquier naturaleza; 4) limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad, e 5) impartir órdenes para asegurar el abastecimiento de mercados.
Ciudadanos y Vox han pedido ya que se decrete el estado de alarma. Pablo Casado se ha mostrado, hasta ahora, más favorable a aplicar la ley de seguridad nacional.
El Gobierno estudia la decisión con medio país paralizado por el contagio de 4.500 personas de coronavirus y con una previsión de incremento sustancial de los casos en las próximas semanas. En Madrid, principal núcleo de infectados, las autoridades han decretado este mismo viernes el cierre de todas las actividades excepto supermercados y farmacias, y han apelado a la población para que permanezca confinada en sus casas.
