La exhumación de los restos de Francisco Franco, 43 años después de su muerte, ya no tiene vuelta atrás. Por "dignidad democrática", el Gobierno ha aprobado este viernes el decreto ley que permitirá sacar los restos del dictador del Valle de los Caídos. La fórmula consiste en una sencilla modificación de la ley de memoria histórica, añadiendo un apartado a su artículo 16 que señala que no pueden estar enterrados en el Valle aquellos que no murieron durante la Guerra Civil, una posibilidad adelantada por EL PERIÓDICO el pasado miércoles. Franco, que falleció octogenario por causas naturales, no cumple estas condiciones, a diferencia de José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange, y los más de 30.000 combatientes de ambos bandos que están allí enterrados.

La reforma convertirá su tumba en ilegal. El Gobierno espera levantar "antes del final del año" la losa de 1.500 kilos que protege la sepultura del dictador. Y si la familia de Franco no se hace cargo de los restos, el Ejecutivo decidirá dónde serán enterrados de nuevo.

"No puede haber un momento más sin respeto a todas las víctimas de la contienda. No lo hace ningún país que se sienta digno consigo mismo. No hay ninguna democracia con la que nos queramos comparar que haya sostenido una situación como la que hemos sostenido nosotros", ha dicho la vicepresidenta, Carmen Calvo, principal responsable de la aprobación de esta iniciativa.

Pocas decisiones más simbólicas, y de tanto impacto nacional e internacional, tomará Pedro Sánchez en esta legislatura, dure lo que dure.

La urgencia

El decreto ley, que basa la urgencia de la decisión en la votación de mayo del año pasado en el Congreso que instaba al traslado de los restos (no hubo ningún voto en contra), así como en las recomendaciones en este sentido de Naciones Unidas, deberá ser ahora trasladado al Congreso. Sánchez tiene asegurada el éxito de esta iniciativa. Sus socios de la moción de censura votarán casi todos a favor, si no todos, mientras que Ciudadanos, muy crítico con la medida, se abstendrá.

El PP todavía no ha dicho que votará, si abstención o en contra, pero ya ha anunciado un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la medida. El decreto ley, a juicio de los conservadores, no está justificado, porque no hay motivos de "extraordinaria y urgente necesidad", una condición que la Constitución exige a este instrumento normativo.

Calvo ha ofrecido una tesis completamente distinta, acusando al PP y Ciudadanos de escudarse en el instrumento elegido (el decreto) para enmascarar su oposición al traslado de los restos de Franco. "La fórmula no tiene ninguna excepcionalidad. Es el Gobierno el que aprecia la urgencia de una acción. Quien no quiera ver la urgencia, que no lo vea. Quien no quiera suscribir el fondo, que no lo suscriba. Todo lo demás son vueltas formales que puede que le sirvan a quien quiera para parapetarse en sus convicciones. ¿Cuándo si no? No hay más vueltas que darle", ha argumentado la vicepresidenta.

Los plazos del procedimiento

Según los cálculos del Gobierno, la exhumación, que por "decoro" se intentará que se lleve a cabo en secreto, se producirá a finales de año. A partir de ahora se inicia un procedimiento en el que el Ejecutivo asegura que se respetarán "todas las garantías". El próximo viernes, el Consejo de Ministros aprobará un acuerdo que dará un plazo de 15 días a los interesados para hacer alegaciones. Los nietos del dictador podrán aquí comunicar el destino de sus restos, dónde quieren que sea enterrado de nuevo. Si no lo hacen, si los familiares se niegan a hacerse cargo del cadáver, el Gobierno decidirá el lugar, asegurando una "digna sepultura". No se trata de "cualquier tumba", señalan fuentes gubernamentales, así que el lugar "tendrá que reunir amplias condiciones de seguridad".

Los motivos del Gobierno para emplear un decreto ley para la exhumación son fundamentalmente dos. Por un lado, la rapidez que quiere imprimir al proceso. "Ya vamos tarde", ha dicho Calvo. Por otro, evitar posibles acciones ante los tribunales que podrían paralizar o revertir la exhumación. Hay un precedente muy claro. A comienzos de julio, un tribunal de Pamplona ordenó a instancias de los familiares la devolución del cadáver del general golpista José Sanjurjo, que habían sido exhumados por el Ayuntamiento de Pamplona, a la cripta donde estaba enterrado originalmente.

Primo de Rivera y el Valle

El decreto aprobado este viernes se ciñe a los restos del dictador. Señala que "solo podrán yacer" en el Valle de los Caídos "los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la guerra civil española, como lugar de conmemoración recuerdo y homenaje a las víctimas de la contienda". También incorpora una disposiciónque articula el procedimiento de exhumación.

La norma no entra en la situación de Primo de Rivera, enterrado al lado de Franco, ni en la reconversión del Valle de los Caídos en un memorial de las víctimas de la guerra civil y la dictadura. Eso vendrá después. El Gobierno ha decidido que el decreto se tramite en el Congreso por el procedimiento de ley, lo cual facultará a los grupos a hacer propuestas. Allí se abordarán estas cuestiones, aunque el Ejecutivo no quiere anticipar qué contenido acabará teniendo la reforma de la ley de memoria histórica. Franco, en cualquier caso, ya está más cerca de dejar de compartir espacio con sus víctimas.

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