El Gobierno y la Generalitat constataron ayer la voluntad de diálogo, materializada en acordar los nombres de los participantes en la comisión bilateral Estado-Cataluña, si bien el Govern observó mayor escepticismo ante los alejados proyectos políticos, en relación al referéndum. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, se reunió con el vicepresidente de Cataluña, Pere Aragonès, tres días después de que lo hicieran el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Quim Torra, cuando ya escenificaron la normalización de relaciones y la celebración de la bilateral, que no se convoca desde hace siete años.
En rueda de prensa en la sede de la Generalitat en Madrid, Aragonès dio cuenta de la reunión con Calvo y otra posterior con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Comentó que de la reunión con Calvo salía con un 90% de escepticismo y un 10% de optimismo respecto a sus resultados, por la posibilidad de llegar a acuerdos una vez restaurado el diálogo. Aragonès explicó, y así lo trasladó a Calvo, que «los conflictos políticos tienen soluciones políticas» y advirtió del peligro «de dejarlos en manos del poder judicial».
La comisión bilateral entre el Estado y la Generalitat será presidida por la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet y por el conseller de Exteriores y Transparencia, Ernest Maragall, por la parte catalana. Aunque no hay fecha concreta, sí se quedó en que se celebre a finales de julio o primeros de agosto.
Calvo enmarcó ayer estos encuentros en la «normalidad» de las relaciones entre el Gobierno central y los autonómicos. «Y, en el caso de Cataluña, por razones que todos conocemos y no se nos escapan, por la crisis que hemos vivido y porque necesitamos llevar al diálogo y a la política lo que tiene que ser normal en los problemas de Cataluña en el contexto del Estado español», dijo.
Para Aragonès, esta comisión bilateral tiene muchos asuntos que tratar como «incumplimientos del Estado» y otros relacionados con competencias, transferencias, inversiones o los recursos que interpuso el anterior Gobierno por leyes catalanas.
Respecto a la reunión con la ministra de Hacienda, informó de que habían tratado cuestiones pendientes como los próximos objetivos fiscales y la «necesidad» de modificar el déficit al alza para el próximo año para poder elaborar un presupuestos más expansivos.
El vicepresidente catalán también aludió a la mejora de la financiación de los Mossos, con los que el Estado tiene «una deuda pendiente muy importante», de 700 millones. Respecto a la posibilidad de retirar algunos de los 16 recursos del Constitucional, ha indicado que se tratará en la comisión bilateral.
