El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha insistido este miércoles en que las concertinas presentes en Ceuta y Melilla ya estaban instaladas cuando el Gobierno del PP llegó al poder salvo "un trozo concreto y determinado" de la frontera de Melilla. De hecho, ha invitado a una delegación de la Comisión de Interior del Congreso, en la que participan todos los partidos, a desplazarse hasta allí para que "extraiga sus conclusiones en relación con quién instaló y cuándo se instalaron esas concertinas". "Y, a partir de ahí -ha reclamado- que los grupos juzguen desde el conocimiento de la verdad".
Aún así, en pro de un acuerdo en un problema que el ministro no se cansa de repetir que debe ser un asunto de Estado para así que España tenga más fuerza a la hora de solicitar ayuda a Europa, Fernández Díaz no ha cerrado del todo la puerta a la posibilidad de retirar las polémicas cuchillas que, según demostró la avalancha del martes, causan severos daños a los inmigrantes que intentan pasar a España.
"Estoy dispuesto a pactar todo aquello que sea razonable" con la oposición para llegar a un gran acuerdo sobre inmigración "que es necesario para España". "Cada cosa a su tiempo", ha contestado a los periodistas en los pasillos del Congreso preguntado sobre si el Ministerio estaría dispuesto a retirar las concertinas para lograr el consenso.
El pacto en la UE
La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha manifestado, por su parte, que el problema de la inmigración irregular no sólo debería ser "objeto de un pacto" en España sino que habría que darle un impulso "importante" también en la Unión Europea.
De esta manera, ha respondido a los periodistas que le han preguntado si el Ejecutivo estaba trabajando para consensuar con las fuerzas políticas un pacto en materia de inmigración y ha añadido que hay que trabajar "todos juntos" para que la UE tome "más medidas y seamos mucho más eficaces".
Según ha explicado, tiene que haber "mucha más" coordinación y hay que incidir en los ejes de una política de inmigración ordenada "por la vía de la legalidad", establecer mecanismos para colaborar con los países de origen y de tránsito para que sus ciudadanos no tengan que marcharse y, además, "ser eficaces en el control y la represión de las mafias".
