La Abogacía del Estado depende del Ministerio de Justicia. No actúa sin su visto bueno. Su decisión de acusar a los líderes independentistas por sedición, un delito menos grave que el de rebelión al no exigir violencia, implica, en teoría, reconocer que el Gobierno no comparte los argumentos de la fiscalía, que mantiene el tipo más elevado. Pero el Ejecutivo lo negó ayer. «No ha habido imposición de ningún criterio», señaló la titular de Justicia, Dolores Delgado, rechazando que la Abogacía del Estado haya sido instrumentalizada para realizar «gestos políticos» al independentismo. «La Abogacía del Estado ha trabajado con criterios de profesionalidad, jurídicos y técnicos», continuó Delgado tras el Consejo de Ministros.

Durante todo el proceso, la fiscalía ha venido defendiendo que lo ocurrido el pasado otoño en Cataluña era rebelión. La Abogacía del Estado, que hasta ahora solo había calificado de «gravísimos» los hechos investigados, podría haberse limitado a acusar de malversación, ya que está personada en la causa a instancias de Hacienda por la presunta comisión de esta delito. Pero el Ejecutivo ha decidido ir más allá.

En un momento en el que desde ERC y el PDECat exigen a Pedro Sánchez «gestos» para negociar los Presupuestos del año que viene, la acusación de la Abogacía del Estado resulta «insuficiente» para el independentismo. Republicanos y convergentes siempre han pedido que el Gobierno «inste» a la fiscalía a retirar su acusación de rebelión, pero Sánchez no ha estado dispuesto a llegar tan lejos. En todo caso, el Gobierno desligó la acusación de la Abogacía del Estado de las cuentas públicas. «Esto no es una cuestión de gestos, sino técnico jurídica», dijo Delgado.

Para el PP y Cs, en cambio, la decisión de la Abogacía del Estado es una prueba más de que el Ejecutivo es «rehén» de los independentistas por su apoyo a la moción de censura. «Es indecente que el Gobierno humille a España forzando a la Abogacía del Estado a desmarcarse de la fiscalía», denunció el líder de los conservadores, Pablo Casado. Desde Podemos, en un tono muy diferente, Pablo Iglesias mostró su «tristeza» porque «la judicialización del conflicto catalán siga entorpeciendo la gestión de un problema político».

Sánchez ha dado señales contradictorias en los últimos meses. El 17 de mayo, poco antes de llegar a la Moncloa, el líder socialista dijo en Antena-3: «Lo que se produjo se puede entender como un delito de rebelión». Sin embargo, solo un día antes había mantenido justo lo contrario. Sánchez propuso reformar el delito de rebelión para «adecuarlo» al escenario catalán, porque «es evidente que tal y como está tipificado no corresponde al tipo de rebelión que se ha sufrido en los últimos meses».

Sus palabras no fueron del todo claras, pero vinieron a preparar, según fuentes del Ejecutivo, el terreno para la decisión de este viernes. Calvo, en cualquier caso, no quiso aclarar por qué Sánchez había cambiado de opinión, escudándose en que antes era el líder de la oposición y ahora el jefe del Gobierno, casi como si se tratara de dos personas distintas. «La posición del Gobierno es la que es. Entiéndalo», dijo.