El Gobierno considera que la corrupción “no es una cuestión de partidos, sino de personas”, y que en cualquier caso esta alcanza no solo al PP, pese a que la mayor parte de los escándalos de los últimos tiempos salpican especialmente a los conservadores, si no a “todas las fuerzas políticas”. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, he negado la responsabilidad del Ejecutivo y ha defendido sus medidas para luchar contra esta lacra (de la ley de transparencia al nuevo sistema de financiación de los partidos), pese al tiempo que ha pasado desde su anuncio hasta su entrada en vigor, que en muchos casos aún no se ha producido.

Por ejemplo, la ley de transparencia. La norma comenzará a aplicarse en diciembre, y en este sentido el Consejo de Ministros de este viernes ha aprobado el real decreto que contempla el estatuto del consejo que velará por la aplicación de esta norma. El presidente de este organismo, cuyo mandato durará cinco años, será propuesto por el Ministerio de Hacienda, y su nombramiento deberá ser aprobado posteriormente por mayoría absoluta en el Congreso. El ente también contará con un diputado, un senador, un representante del Defensor del Pueblo y un integrante de la Agencia Española de Protección de Datos.

AGUIRRE Y GRANADOS

“Que cada partido explique lo suyo”, ha dicho Santamaría, quien no ha querido entrar en las “responsabilidades” de cada una de las siglas y ha negado que sus palabras supusieran un señalamiento a Esperanza Aguirre, presidenta del PP de Madrid, que está especialmente salpicado por los escándalos. Sobre todo, a raíz de la llamada Operación Púnica, una macrorredada el pasado lunes en la que se detuvo, entre otros, a Francisco Granados, exconsejero de la autonomía y antiguo hombre fuerce de los populares en la capital.

La vicepresidenta, por último, ha confirmado lo que el día anterior anunció el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy. Para combatir la corrupción, el Gobierno ha aprobado la creación de 112 plazas de magistrado y 167 plazas de jueces de adscripción territorial, así como dos plazas de magistrado para la sala de lo penal de la Audiencia Nacional. Según ha dicho Santamaría, también está previsto que se dote de más recursos a la Fiscalía General del Estado.