El Gobierno quiere recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la reciente resolución del Parlament sobre el Rey, pero no sabe decir por qué es inconstitucional. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, ha eludido aclarar este viernes, tras el Consejo de Ministros, qué apartados son contrarios a la Carta Magna en el texto, puramente declarativo, aprobado por la Cámara catalana, que condena la posición de Felipe VI y apuesta por la "abolición" de la Monarquía como "institución caduca y antidemocrática".

La decisión de Pedro Sánchez de acudir al alto tribunal frente a esta iniciativa parlamentaria pidiendo primero un dictamen al Consejo de Estado (que es preceptivo pero no vinculante), suscita muchas dudas jurídicas. Celaá no las ha despejado, centrándose solo en el terreno político. "No le puedo determinar de qué puntos estamos hablando", ha contestado la portavoz a la pregunta de por qué la resolución es inconstitucional y que artículos de la ley fundamental estaría violentando. "Lo que sí puedo decirle es que el Gobierno considera inaceptable, por una cuestión de competencias, que un parlamento de una autonomía cuestione la posición del jefe del Estado", ha continuado.

Celaá, en todo caso, ha diferenciado entre la "crítica legítima" al Monarca y la capacidad del órgano legislativo de una comunidad para apostar por la república. "Esa resolución fue considerada inaceptable desde el primer momento. No porque se critique la jefatura del Estado. Pero un parlamento autonómico no es competente para diseñar la forma de Estado", ha explicado. Sin embargo, poco después, la también ministra de Educación ha señalado que "el jefe del Estado debe estar fuera de la crítica, del debate partidario y político".

EL HIPOTÉTICO REVÉS

El Consejo de Estado, en el que acaba de ingresar la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, tiene una semana para elaborar el dictamen que le ha pedido el Gobierno. No sería la primera vez que el organismo consultivo no respalda al Ejecutivo en su intención de acudir al TC. Ya lo hizo en enero del año pasado, sobre la impugnación de la candidatura de Carles Puigdemont, huido de la Justicia, a la presidencia de la Generalitat. Pero su informe no es vinculante, así que Celaá ha dado a entender que el Gobierno seguiría adelante de todas formas, como hizo Mariano Rajoy a principios de año en el caso citado. "Si el Consejo de Estado actúa de otra manera, será responsabilidad de esa institución, no del Gobierno", ha dicho.