El Ejecutivo de Pedro Sánchez comunicó ayer los nombres de los nuevos integrantes del Consejo de Estado. Entre ellos, Soraya Sáenz de Santamaría. La exvicepresidenta del Gobierno, que renunció a su escaño en el Congreso de los Diputados el mes pasado, a raíz de su derrota frente a Pablo Casado en la reciente carrera por el liderazgo del PP, entrará a formar parte del máximo órgano consultivo por un periodo de cuatro años.

Desde que anunció su intención de dejar la política, Sáenz de Santamaría, que mantiene buenas relaciones con varios miembros del Gobierno socialista (como la actual vicepresidenta, Carmen Calvo, con quien negoció la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución en Cataluña), no había explicado a qué pensaba dedicarse.

El pasado 10 de septiembre, la antigua número dos del Ejecutivo se reunió con Casado en la sede de su partido y le comunicó que no quería formar parte del nuevo PP. El líder de los conservadores le había ofrecido entrar en la cúpula y también presidir alguna de las comisiones del Congreso, dos puestos que descartó ocupar. Según fuentes de su entorno, Sáenz de Santamaría tampoco deseaba trabajar para alguna gran empresa para evitar las acusaciones de puerta giratoria.

El resto de nuevos miembros del Consejo de Estado, que como la antigua mano derecha de Rajoy serán elegidos en el Consejo de Ministros de este viernes y tendrán un sueldo anual de 74.000 euros, son siete: la expresidenta del Tribunal Constitucional María Emilia Casas; la también exmagistrada del alto tribunal Elisa Pérez Vera; el exministro de Justicia José María Michavilla; la filósofa Amelia Valcárcel; el expresidente del Senado Juan José Laborda; el exministro de Educación Juan Antonio Ortega y Díaz Ambrona y el exsenador Jordi Guillot i Miravet.

Este es el segundo cambio en el organismo llevado a cabo por el Ejecutivo socialista, tras el nombramiento de la filósofa Victoria Camps como consejera en sustitución de María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta del Gobierno con José Luis Rodríguez Zapatero, que pasó a presidir el Consejo de Estado, convirtiéndose en la primera mujer en desempeñar este puesto.

DOS IMPORTANTES DECISIONES

El Consejo de Estado debe emitir relevantes informes a corto plazo. Por un lado, el Gobierno le ha encargado que elabore una propuesta de reforma de la Constitución para cambiar los aforamientos políticos.

La intención de Sánchez es que se limiten a los actos en el ejercicio del cargo público, que los delitos de corrupción estén excluidos y que no se aborde la inviolabilidad del Rey. Por otro, el organismo estudiará la viabilidad de recurrir ante el Constitucional la reciente resolución del Parlamento catalán que reprobó la actuación de Felipe VI tras el referéndum sobre la independencia de Cataluña del 1 de octubre del pasado año.