El Gobierno envió ayer al Tribunal Constitucional la consulta sobre si la ratificación de la Constitución europea tendrá repercusiones en la Carta Magna española. El Ejecutivo rechaza la convocatoria de un referendo para ratificar los posibles cambios en la Ley Fundamental de 1978, si bien también consulta este extremo al alto tribunal.
El texto de las preguntas ha sido "consensuado" con el PP, según destacó la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, que se felicitó de que el Ejecutivo siga cultivando el "acuerdo" en lo que atañe a la Euroconstitución.
RESPUESTA EN DOS MESES El Tribunal Constitucional deberá responder en dos meses si ambas constituciones son compatibles o si la ratificación de la europea obliga a cambiar la española. En este último caso, el Gobierno demanda al tribunal que precise si esa reforma deberá hacerse por la vía sencilla o por la agravada, que requiere disolución de las Cortes y referendo.
De la Vega, que además de vicepresidenta es especialista en derecho comunitario, descartó la posibilidad de que el Constitucional decrete que el cambio en la Carta Magna precisará del procedimiento agravado. La número dos del Ejecutivo aseguró que, "con carácter general, no hay discrepancias importantes" entre la Euroconstitución y la Carta Magna española. También recordó que el Gobierno siempre ha sido partidario de incorporar el tratado europeo a la legislación española, hasta el punto de que esa incorporación es una de las reformas constitucionales que el PSOE propuso durante la campaña electoral.
