El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado el llamado 'decreto de nueva normalidad', que recoge todas las normas que entrarán en vigor el 22 de junio, cuando ya no habrá estado de alarma. El texto legal sienta las bases que regirán esa 'normalidad diferente' y en la que habrá que llevar mascarilla, mantener una distancia de 1,5 metros, lavarse las manos de forma frecuente y lograr buenas medidas de higiene. Este decreto estará vigente, ha concretado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, hasta cuando haya una "terapia eficaz o una vacuna efectiva" contra el coronavirus.
En la habitual rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Illa ha concretado que también se introduce la obligatoriedad de que las residencias de mayores "deben estar coordinados" con los recursos sanitarios de sus comunidades autónomas y tener plantes de contingencia "para hacer frente a eventuales rebrotes" del virus.
Así lo establece el artículo 9 relativo a las viviendas tuteladas, centros residenciales de personas con discapacidad y centros de personas mayores del denominado 'decreto de nueva normalidad'. La directriz llega en medio de la polémica por la gestión de las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid durante la crisis sanitaria y después de que el consejero de Políticas Sociales, Igualdad, Familias y Natalidad, Alberto Reyero, revelara la existencia de un protocolo con instrucciones para no derivar a determinados residentes a hospitales durante el pico de la pandemia.
El vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, presente también en la rueda de prensa ha insistido en que el "escándalo" de Madrid por no permitir la derivación a hospitales de usuarios de residencias de ancianos enfermos por coronavirus "puede tener consecuencias legales". Según ha repetido en varias ocasiones, no fue él sino el propio consejero Reyero el que dijo que era "inmoral" y "eventualmente ilegal" que no se permitiera a los ancianos de las residencias madrileñas ser aceptados en los hospitales de la región.
Iglesias ha asegurado que su vicepresidencia va a trabajar con las comunidades autónomas para facilitar que se elaboren "protocolos sensatos" en las residencias de mayores. El número tres del Ejecutivo ha afirmado que él no fue "mando único" porque el "mando único" era Sanidad y que él, como vicepresidente social, hizo todo lo que estuvo en su mano: dio 300 millones a las comunidades para que, entre otras cosas, contrataran a más personal en estos centros, y para que se declarase, bajo la autoridad del Ministerio de Sanidad, a los servicios sociales como servicios esenciales (para que sus trabajadores estuvieran al mismo nivel que los sanitarios a la hora de repartir equipos de protección, por ejemplo). Además, ha insistido en que se "reforzó" las competencias de las comunidades autónomas en este caso para que pudieran intervenir e inspeccionar las residencias privadas.
