El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el anteproyecto de ley orgánica del poder judicial, una reforma integral del modelo judicial español, en la que se incrementa la independencia y la profesionalidad de los jueces y las funciones del Tribunal Supremo. "Se trata de una ley troncal que busca definir el modelo de justicia del siglo XXI", para convertirlo en un sistema "más ágil" y "más capacitado" para resolver los problemas de los ciudadanos, ha señalado la vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría.

"Se trata de la ley más importante que ha abordado el ministerio de Justicia en esta legislatura", ha añadido el ministro Alberto Ruiz-Gallardón. El Ejecutivo ha optado por hacer una ley orgánica del poder judicial completamente nueva y no añadir "remiendos" en la norma de 1985 porque es el sistema el que "falla", ha continuado el ministro, quien ha considerado que para acabar con los males de la justicia, especialmente la lentitud en los tiempos de respuesta, es lo que ha motivado al Gobierno a dar el paso de cambiar el modelo vigente en los tribunales.

El anteproyecto legal incluye grandes novedades, como que la Reina y los Príncipes serán aforados, así como que los casos complejos sean instruídos por órganos colegiados de tres magistrados, lo que dificultará la figura de los 'jueces estrella' que instruyen en solitario casos polémicos. El 'caso Gurtel' o el de los EREs en Andalucía, por ejemplo, pasarán a estar a estar manos de un tribunal instructor que se puede repartir las pruebas a efectuar, de forma que se gane agilidad, según ha defendido Gallardón.

La desaparición de los partidos judiciales para potenciar la organización potencial

Se crean además los Tribunales Provinciales de Instancia (TPI), lo que implica una nueva estructura distinta a los actuales partidos judiciales pero en la que se mantienen todas las sedes existentes para optimizar los recursos. A partir de la entrada en vigor de la nueva ley, los TPI funcionarán de forma acorde a un reparto provincial de asuntos.

Estos tribunales aglutinarán a todos los juzgados existentes bajo la fórmula de Unidades Judiciales y asumirán también la función juzgadora de la Audiencia Provincial a través de las Secciones de enjuiciamiento. Con su creación se pretende acabar con las desigualdades que se producen actualmente entre juzgados por las distintas cargas de trabajo, tras haberse demostrado que la creación de otros nuevos no proporciona una solución definitiva al problema, según ha destacado Justicia en una nota.

La flexibilidad de organización que permiten los Tribunales Provinciales de Instancia, en todos los órdenes jurisdiccionales, facilitará las sustituciones de jueces mediante la reasignación de efectivos dentro de un mismo órgano judicial.

Los Tribunales Superiores de Justicia seguirán siendo los órganos judiciales a nivel autonómico, pero ven ampliadas sus competencias porque asumirán las que tenían las Audiencias Provinciales en apelación en materia civil, y mantendrán las que tenían en contencioso y social. También serán los encargados de conocer los recursos de casación en derecho autonómico y continuarán encargándose de investigar y juzgar a los aforados que les atribuyan los correspondientes Estatutos de autonomía.

Se refuerza el Tribunal Supremo

El anteproyecto establece el carácter vinculante de determinada jurisprudencia del Supremo. Cada tres meses el Pleno de cada Sala decidirá cuál es su jurisprudencia vinculante y se publicará en el Boletín Oficial del Estado.

Además, la casación se abre a cualquier resolución de los demás tribunales en materia Civil y Contenciosa cuando exista un interés casacional o sea conveniente para alcanzar la unificación de doctrina, donde hasta ahora se necesitaba que la demanda alcanzara cierto importe para poder llegar al Alto Tribunal. Para ello se modificarán las leyes procesales respectivas.