La abogacía del Estado ha registrado al filo de la una de la tarde los recursos contra la ley de consultas catalana y el decreto de convocatoria del 9-N en el Tribunal Constitucional. El presidente del alto tribunal, Francisco Pérez de los Cobos, tiene ahora que convocar a los otros 11 jueces para suspender ambas normas. Lo más probable es que la sesión se celebre este martes.
Los recursos del Gobierno ha sido registrados por un funcionario del alto tribunal y remitidos a la secretaría del pleno que tendrá que designar a un magistrado ponente que será el encargado de redactar la sentencia. En el debate sobre la suspensión de las normas discutidas, que durará solo unos minutos, los 12 jueces comprobarán que los mismos reúnen las exigencia legales, es decir, que han sido autorizados por el Consejo de Ministros, y que están acompañados por el dictamen que ayer emitió el Consejo de Estado antes de firmar la suspensión.
La suspensión de la norma es automática porque así lo establece la ley. Los jueces no tienen ningún margen de maniobra para rechazar la petición del Ejecutivo. La suspensión tendrá carácter retroactivo y comenzará a ejecutarse desde el momento en que se publicó la ley en el boletín oficial de la Generalitat de Cataluña. Esta suspensión se acuerda en una providencia que firman los 12 jueces y es posible que en la misma se explique a la Generalitat que no puede ejecutar ningún acto relacionado con el 9-N. Habitualmente, este trámite se dicta en una providencia en la que solo se acuerda la suspensión y se da plazo a las partes para que presenten alegaciones.
La suspensión será comunicada inmediatamente a Artur Mas por vía telemática y también se le notificará por correo ordinario. A partir de ese momento el president de la Generalitat tendrá que acatar la orden del Tribunal Constitucional.
