El Gobierno defendió ayer los beneficios que aportará la regularización extraordinaria de inmigrantes por "arraigo laboral" para las cuentas del Estado. El Ejecutivo atajó la campaña del PP que vaticina costes sociales insostenibles por dar papeles a quienes lleven tiempo trabajando en España. El vicepresidente económico, Pedro Solbes, recordó que "muchos de los teóricos impactos" negativos sobre la economía española "se están produciendo ya", en tanto que los extranjeros sin papeles disfrutan de la Educación y la Sanidad públicas españolas.

El ministro apuntó además que su "actividad laboral, sea legal o ilegal, ha contribuido a aumentar el crecimiento y la actividad económica" en España. Posibilitar que los extranjeros que ya trabajan puedan ser legalizados laboralmente, razona el Ejecutivo, aportará ingresos a las arcas del Estado, tanto a la Seguridad Social como a Hacienda, a través de las futuras declaraciones de la renta.

SALIR DE LA CLANDESTINIDAD La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, insistió en que el Ejecutivo trabaja para afrontar "de una forma responsable y realista" los problemas derivados de la inmigración. E incluyó la nueva regularización especial por arraigo laboral entre las medidas que desarrollará el reglamento de la ley de extranjería. En palabras de la número dos del Ejecutivo, se trata de "hacer frente" al hecho de que hay "una bolsa importante de inmigrantes que han llegado a España y están trabajando de forma clandestina", y que el Gobierno pretende hacer aflorar "de forma seria".

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, presentó ayer al Consejo de Ministros un primer análisis de la situación de la inmigración y de las principales líneas del reglamento que desarrollará la ley de extranjería. María Teresa Fernández de la Vega aseguró que será Jesús Caldera quien comparecerá "en pocos días" en el Parlamento para exponer ese mismo informe ante la comisión de Asuntos Sociales del Congreso, a pesar de que el pasado miércoles el PSOE convenció a Izquierda Unida de que desistiera de pedir la comparecencia del ministro y ofreció a cambio explicaciones de la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí.

ULTIMA RONDA NEGOCIADORA Caldera volverá a reunirse la próxima semana con los sindicatos, las ONG y los empresarios para ultimar el reglamento, que pretende aprobar el Consejo de Ministros dentro de dos semanas. Fuentes de la vicepresidencia aseguraron ayer que la normativa cuenta ya con el respaldo mayoritario de los agentes sociales y de las fuerzas políticas, a excepción del PP. El Ejecutivo quiere someter el Reglamento a los votos del Parlamento antes de que finalice septiembre.