El Gobierno dejó ayer en suspenso el plan del ministro del Interior, José Antonio Alonso, de buscar un mecanismo legal para controlar los mensajes que los imanes difunden desde las mezquitas para evitar que éstas se conviertan en caldo de cultivo del terrorismo islamista. Fuentes de la Moncloa precisaron que la propuesta de Alonso es una "reflexión personal" y que no ha sido tratada en ningún órgano colegiado del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.

El Gobierno comparte la preocupación del titular de Interior en torno a la radicalización del algunos imanes, pero estima que cometió un error al proponer una reforma legal para crear un "registro de control de actividades religiosas" y al sugerir que las autoridades deberían supervisar por adelantado los mensajes de los imanes. Primero, porque los asuntos religiosos son competencia del Ministerio de Justicia, cuyo titular, Juan Fernando López Aguilar, no fue consultado al respecto. Y segundo, porque el Ejecutivo de Zapatero no tomará ninguna medida que implique el restablecimiento de la censura previa, un mecanismo a todas luces constitucional.

Los jueces y la oposición también se desmarcaron de la propuesta de Interior. El portavoz de Jueces para la Democracia, Miguel Carmona, asociación a la que pertenecía Alonso, señaló que esa iniciativa pone "en riesgo las libertades más fundamentales: la religiosa y la de culto".

SUPERVISION JUDICIAL Juan Antonio García Jabaloy, portavoz de la Unión Progresista de Fiscales --relevó en el cargo a Antonio Camacho, actual secretario de Estado para la Seguridad--, dijo que se puede estudiar algún control legal de los mensajes, pero siempre bajo la supervisión de un juez, para evitar la censura.

El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, José Manuel Suárez Robledano, apostó por el control judicial para evitar que la iniciativa vulnere la Constitución. En la misma línea se manifestaron la Asociación de Fiscales y el portavoz de Francisco de Vitoria, Manuel Torres Vela que defendió un control posterior de las expresiones que puedan tener una "entidad delictiva".

Al secretario general del PP y exministro del Interior, Angel Acebes, el proyecto de su sucesor le sugiere "la implantación de la censura previa" en las mezquitas. Y añadió: "Eso no cabe en la Constitución, es precipitado y poco reflexivo". Subrayó que sería muy poco efectivo porque, de llevarse a la práctica, los responsables de los discursos religiosos evitarían afirmaciones que llamaran la atención de la policía. Y se preguntó irónicamente "si el nuevo ministro se va a dedicar a leer miles de intervenciones previas y autorizarlas en las mezquitas o en las iglesias".

En todo caso, el PP expresó su disposición a estudiar las innovaciones que el ministro Alonso plantee en la reunión del pacto antiterrorista, que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decidió convocar ayer para el próximo día 12 de mayo. Esta reunión del pacto antiterrorista será la primera que se produzca desde febrero del 2003 y desde que gobierna el PSOE. El PP ya ha anunciado su disposición a acudir a la cita.

CITA PARA COORDINAR Además hoy, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido se reúne con el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, para coordinar los trabajos de la nueva fiscalía especializada en terrorismo islamista.

Mientras, las fuerzas de seguridad asisten atónitas a la polémica política. Los especialistas en terrorismo islamista insisten en la necesidad de aumentar el control sobre las mezquitas. Afirman que, tras el 11-M, los radicales van, con más frecuencia, a templos que se improvisan en trastiendas e inmuebles privados.