El Gobierno se está dispuesto a acordar una subida de impuestos a las grandes corporaciones, empresas tecnológicas y la banca. La medida estaba en la agenda de Pedro Sánchez y ahora la pone negro sobre blanco Unidos Podemos como exigencia, a cambio de apoyar al presidente en la votación de la senda de déficit prevista pata septiembre en el Congreso. Aunque tanto el Ejecutivo como los morados ya se habían mostrado favorables a este incremento impositivo, la escenificación pública de una negociación para hacerlo efectivo allana el camino para ambos: Sánchez puede amarrar el voto de su socio mayoritario para salvar el objetivo de déficit y los podemistas evitan el charco de dejar que el presidente pierda la votación y se pueda dar un adelanto electoral cuando las encuestas les sitúan en los huesos de lo que fueron.

Unidos Podemos tomó la palabra a Sánchez cuando en julio señaló en el Congreso que «no hay justicia social sin justicia fiscal». Tras abstenerse entonces, los morados elaboraron un paquete de medidas que denominan «anti-austeridad» y que han hecho llegar este agosto al presidente y a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a cambio de apoyar la senda de déficit a la vuelta de vacaciones. Las conversaciones están encauzadas.

«No se puede tener un Estado de bienestar de primera con ingresos de tercera. Hay que elevar la recaudación tributaria, pero sin perjudicar a la clase trabajadora. Hay margen para elevar la aportación tributaria de las grandes corporaciones y de sectores que hoy se escapan del radar de Hacienda», explican fuentes del departamento de Montero, que insisten en que la subida no afectaría a autónomos, la clases media y trabajadora, ni pymes.

El documento de Podemos no ofrece grandes novedades respecto a lo que ha planteado en sus programas electorales. Quiere un impuesto a la banca y un tipo mínimo efectivo de sociedades del 15% , dos ideas que el Gobierno ya ha anunciado. Los morados insisten en su famoso impuesto de solidaridad de las grandes fortunas, eliminación de las sociedades de inversión de capital variable (Sicav), supresión de las deducciones fiscales de los planes de pensiones privadas.

El Ejecutivo no parece abierto a negociar, en cambio, la relajación del déficit público por encima del 1,8% del PIB, como reclaman los podemistas.

REGLA DE GASTO

Entre las exigencias del partido de Iglesias está también la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para que el Senado no tenga la última palabra en la aprobación de los objetivos de déficit y medidas que darían oxígeno a los ayuntamientos. Piden relajar la regla de gasto (ley Montoro) y reclaman una compensación al Estado por el impuesto de plusvalía, que recaudan los ayuntamientos pero ha quedado bloqueado por la anulación que el Tribunal Constitucional ha hecho de algunas partes de esta tasa.

«Nuestra intención ha sido siempre negociar, incluso cuando nos abstuvimos en julio. Ahora animamos al Gobierno a dialogar. Queremos que esto salga bien. La voluntad de negociar por nuestra parte es toda y la pelota está en el tejado del Gobierno», resume la portavoz parlamentaria de los comuns, Lucía Martín, que insiste en que existe una mayoría parlamentaria para aprobar políticas sociales.