El proceso de excarcelación de Enrique Rodríguez Galindo ha levantado ampollas en el Gobierno vasco. El consejero de Justicia, Joseba Azkarraga (EA), denunció ayer que el exgeneral, condenado a 75 años de prisión por el secuestro, tortura y asesinato de los etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, es un "privilegiado". Acusó al Gobierno socialista de usar una "doble vara de medir" a los presos y dijo que para el PSOE existe un terrorismo "bueno", el del GAL, y otro "malo", el de ETA. Azkarraga recordó que hay otros presos "enfermos graves" a los que no se atiende igual.
El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, se sumó a las críticas y aseguró que el Gobierno debe dar "muchas explicaciones" sobre cómo se ha llegado a adoptar la medida. Los grupos parlamentarios de PNV, ERC y EA anunciaron ayer que exigirán explicaciones en el Congreso al Ministerio del Interior por la decisión de Instituciones Penitenciarias. Denunciaron una "amnistía encubierta" que, a su juicio, obedece a "criterios políticos".
El ministro del Interior, José Antonio Alonso, aseguró ayer que el tratamiento otorgado al exgeneral de la Guardia Civil se acomoda "perfectamente" a la Constitución y a la legalidad penitenciaria. Alonso señaló que la directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, es una persona de su confianza.
"MUCHA TRAMPA" El exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra matizó ayer que la sociedad española "le debe mucho" a Rodríguez Galindo. Admitió que en la época de los hechos "sin duda hubo personas que cometieron excesos en la persecución del terrorismo", pero a la vez precisó que "se hizo mucha trampa al enjuiciar eso por parte de los tribunales, los medios de comunicación y algunos partidos".
